Restricciones a la reagrupación familiar de ciudadanos comunitarios

12/02/2015

Antiguamente para acceder a la autorización de residencia como familiar de comunitario, es decir a los hijos, ascendientes y cónyuges o pareja de hecho de los ciudadanos europeos, que sean nacionales de un país no europeo, se les exigía únicamente el hecho de demostrar el vínculo familiar y demostrar la convivencia y estancia en España. De este modo tan sencillo, sin más requisitos, se concedía la autorización de residencia.

Esta situación era algo muy normal ya que hablamos de los familiares más cercanos de un europeo, con los que habitualmente convive y con los que tiene derecho a convivir, es lo que se denomina el derecho a la vida familiar.

Con la llegada de la crisis se produjeron varios cambios a todos los niveles de trámites de extranjería, incluso en derechos sociales. No tenemos más que recordar los recortes en materia de seguridad social y asistencia médica.

Pero quizá una de las situaciones que más cambió fue la del régimen de los familiares de comunitarios. Lo que antes era un derecho pleno a la vida en familia, pasó a ser un derecho restringido a aquellos que puedan demostrar que tienen una situación económica mínimamente estable. Para ello lo que se exige, aparte de demostrar el vínculo familiar y la convivencia, es que el familiar que otorga el derecho, en este caso el español o europeo, tenga medios económicos suficientes para poder mantener al familiar o familiares que reagrupa. Así como también, y según el familiar, especialmente los ascendientes o padres, deben tener la sanidad cubierta a través de un seguro médico privado que  garantice que no será un lastre económico para la sanidad pública.

En este sentido, nos encontramos con situaciones que pueden complicar el acceso a la regularidad, o mejor dicho, a la autorización de residencia, ya que supuestamente un ciudadano familiar de comunitario tiene derecho a la residencia y por tanto no cabría hablar de irregularidad en ningún caso.

Desempleo

Estas dificultades comienzan con aquellas parejas en las que el ciudadano europeo se encuentra en situación de desempleo. ¿Cómo demuestra medios económicos? Nos encontramos que la situación de desempleo limita el derecho a la vida en familia, puesto que en ocasiones la oficina de Extranjería deniega la autorización por no demostrar suficiencia económica. ¿Es por tanto el derecho a la vida en familia un derecho condicionado a la situación económica del ciudadano europeo?

La incongruencia aparece cuando sabemos que el familiar que va a acceder a la autorización de residencia como familiar de comunitario, podrá trabajar una vez se le conceda dicha autorización. Por lo tanto, la situación económica de inicio que se plantea a la hora de realizar la solicitud no tiene nada que ver con la situación de esa familia una vez sean concedidas las autorizaciones, puesto que en este caso los miembros reagrupados podrán aportar económicamente al núcleo familiar, y por consiguiente,  mejorar la situación familiar. Tendrán opciones de acceder al mercado laboral, algo que no sucedería si no tienen la autorización  de residencia para trabajar. 

Seguro médico

En el caso de los menores y los cónyuges no es preciso aportar seguro médico privado, por que suelen estar incluidos en el régimen de seguridad social y sanitario del ciudadano europeo. 

El problema lo encontramos con los padres, cuando el ciudadano europeo quiere reagruparlos. En este caso, dada la edad y que los ascendientes no son beneficiarios de las prestaciones sociales del ciudadano europeo, la Administración de Extranjería exige que este ascendiente demuestre que tiene la sanidad y salud cubierta a través de un seguro médico privado o del pago de la sanidad pública.

El gran problema aparece en función de la edad del ascendiente, puesto que muchas compañías de seguros no realizan seguros médicos a las personas que sobrepasan una determinada edad. Y en el caso de que se permita realizar el seguro privado el coste mensual puede ser muy elevado, hasta el punto que pueda ser prohibitivo para acceder a él.

Lo que está claro es que todas estas nuevas condiciones y circunstancias hacen cada vez más complicado acceder a la autorización de residencia a aquellos grupos de ciudadanos que se encuentran en situaciones sociales más delicadas y más vulnerables. En mi opinión las necesidades de limitar el acceso a la regularidad están originando que cada vez se agrave más la desigualdad entre ciudadanos, y sobre todo cuando hablamos de ciudadanos comunitarios y sus familiares.

Fdo. Igor Valiente    

Compartir esta noticia:    



Baleares Sin fronteras (+34) 971 720 860 (+34) 655 207 019