Embarazadas inmigrantes no han tenido acceso a cuidados prenatales en nueve países de Europa

25/05/2015

A pesar de que la atención sanitaria  de las mujeres embarazadas y de niños y niñas es uno de los derechos humanos más básicos, universales y esenciales, más de la mitad de las mujeres embarazadas atendidas por nuestra organización en 2014 en nueve países europeos no ha tenido acceso a la atención pediátrica y obstétrica.  Sólo un tercio de los niños y niñas que se han atendido han sido vacunados contra paperas, rubeola y sarampión por lo que el acceso a la atención pediátrica y obstétrica sigue estando lejos de ser universal. Europa necesita convertir en acciones reales un amplio número de compromisos sobre la universalidad del acceso a la atención sanitaria.
La Red Internacional de Médicos del Mundo presentó recientemente en Londres su nuevo informe europeo “El acceso a la atención sanitaria de las personas confrontadas con múltiples vulnerabilidades de salud. Las barreras al acceso a la atención sanitaria de las mujeres embarazadas y los/las menores en Europa”. La parte europea de la encuesta se basa en consultas médicas y sociales directas a  22.171 personas en nueve países de Europa. Casi todas ellas (91,3%) vivían bajo el umbral de la pobreza.
El derecho de las mujeres embarazadas y de los niños y niñas a la atención sanitaria es uno de los derechos humanos más básicos, universales y esenciales. A pesar de ello, el informe revela que más de la mitad (54,2%) de las mujeres embarazadas encuestadas no ha tenido acceso a cuidados prenatales. La abrumadora mayoría no tuvo atención sanitaria (81%). Menos del 1% de las mujeres inmigrantes embarazadas ha llegado a Europa por motivos relacionados con la salud.
Llama la atención que sólo un tercio (34,5%) de los niños y niñas que han sido atendidos en Europa ha recibido vacunación contra paperas, rubeola y sarampión, y sólo el 42,5% contra el tétanos.
Casi dos tercios (62,9%) de las personas atendidas no ha tenido cobertura sanitaria, debido fundamentalmente a las restrictivas leyes que excluyen a ciertos colectivos. Las barreras más mencionadas en el acceso a la atención sanitaria fueron la imposibilidad de pagar por la atención (27,9%) y los problemas administrativos (22%). Las consecuencias: el 22,9% de las personas atendidas  percibía su salud física como mala o muy mala mientras que en relación a la salud mental, el porcentaje se eleva al 27,1%.
Los datos del informe también desmontan el mito del turismo sanitario en Europa entre las personas inmigrantes. El tiempo medio que estas personas había vivido en el país en el que se realizó la encuesta fue de 6,5 años. Sólo el 3% vino a Europa por razones de salud y sólo el 9,5% de los  inmigrantes con enfermedades crónicas  conocía su estado de salud antes de migrar.
Muy pocas de las personas inmigrantes indocumentadas enferman gravemente en Europa y, si enferman, la mayor parte lo hace mucho después de su llegada. Estas personas deben  ser protegidas de la expulsión cuando el acceso efectivo a la adecuada atención sanitaria no pueda ser garantizado en el país al que van a ser expulsadas.
El caso español
Desde la puesta en marcha de la reforma sanitaria en España en 2012 (RDL 16/2012), Médicos del Mundo ha tenido conocimiento de más de 2000 casos documentados de personas víctimas de alguna forma de exclusión sanitaria derivada del nuevo marco legal. Además de la existencia de cientos de miles de personas a quienes se les niega la tarjeta sanitaria. La ONG afirma que “se siguen registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes, aunque la ley les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, en la práctica se les está dando información errónea  para negarles el acceso a la atención médica o les factura indebidamente la atención prestada”.
Por otra parte, la reforma sanitaria introdujo un incremento en la aportación por parte de  los pacientes en el precio de venta de los tratamientos farmacéuticos y algunos servicios sanitarios; y a esto se suma la retirada de un buen número de medicamentos de la financiación pública. En un contexto de crisis económica, esta medida ha significado que las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad económica encuentren una importante barrera para acceder a los tratamientos que en ocasiones podrían salvarles la vida.


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