La restitución de un derecho sagrado

24/07/2015

No era para menos. Y como lo titulamos en esta edición de Baleares Sin Fronteras, la nueva legislatura ha comenzado con pie derecho devolviendo la Tarjeta Sanitaria a más de quince mil inmigrantes irregulares, a los que se les negaba este derecho universal desde que se promulgó el Real Decreto Ley que restringía la atención sanitaria a los “sin papeles” con algunas salvedades, tales como las emergencias hasta que fueran dados de alta, las embarazadas –post parto y los menores de 18 años.

Mientras que en Baleares la Ley se aplicó a rajatabla, hubo otras Comunidades Autónomas en las que se seguía garantizando la atención integral a los ciudadanos independientemente de su estatuto migratorio. En las Islas, las autoridades responsables del tema, incluyendo las del área de inmigración, siempre respondieron con evasivas o mensajes salidos por las ramas asegurando que a todos se les iba a atender normalmente, a pesar de los 450 casos dramáticos denunciados con nombres y apellidos por la ONG, Metges del Món (Médicos del Mundo).

La respuesta del nuevo Pacto de este gobierno ha sido contundente y ha llevado a la práctica la intención electoral en aquel entonces de la candidata y  hoy por hoy  Presidenta del Govern, Francina Armengol, que en declaraciones a este medio decía que su prioridad sería devolver las veinte mil tarjetas, que sobre la contabilidad se aproximan actualmente a las quince mil.  Atrás no se quedó Mes ni Podemos que en la campaña coincidieron en que se restituyera el derecho a la atención sanitaria a las personas en situación irregular.

Una vez explicado esto, merece la pena hacer un análisis retrospectivo del porqué este tema ha sacado espinas entre los defensores de este Decreto Ley y los que piensan- me incluyo- que esta austera y peligrosa medida no era la solución para tapar el agujero económico dejado por otras situaciones de extrema gravedad que han desangrado al erario público, tales como la burbuja inmobiliaria, el despilfarro público, la corrupción, las preferentes,  las tarjetas “black”, el fraude fiscal y mucho más.

El tijeretazo a la prestación del servicio de sanidad integral a los españoles en determinadas circunstancias o a inmigrantes irregulares, no es ni será la solución al problema, a pesar del enfado de foristas de medios escritos y redes sociales en los que se reniega en contra de los inmigrantes que llegan a este país a “chupar del bote”.  

Las cifras, según estudios, apuntan a que los inmigrantes son los que menos hacen uso de la sanidad pública, y si así fuera se han ganado este derecho con su trabajo con los años cotizados a la Seguridad Social como cualquier ciudadano de pleno derecho.

No me cabe duda el desconocimiento inmerso al que están sujetos estos acérrimos críticos a la medida del Govern de restituir este derecho. Pero les explico: muchos de los que no tienen papeles, y por ende, han sido víctimas de este Decreto Ley, perdieron un derecho del que anteriormente eran beneficiarios. Eran ciudadanos de pleno derecho que por situaciones ajenas a ellos no siguieron cotizando a la Seguridad Social al no  renovárseles su documento de residencia y trabajo.

Otro elevado número lleva residiendo en España hace más de tres años o incluso más tiempo, con lo que no pudieron encontrar un empresario que les hiciera una oferta de trabajo para ampararse en el arraigo social. Están plenamente integrados, muchos de ellos con hijos, y su situación irregular es equivalente a una falta administrativa y no a una acción penal que los sitúe a un nivel de los más encopetados delincuentes.

Ese es el quid del asunto, ni más ni menos. No todos vienen a "chupar del bote", ni a quitarle nada a nadie. Muchos se han ganado a pulso un espacio en la sociedad de acogida, luego encuentro normal y justo que Baleares se sume a las otras Comunidades Autónomas que garantizan la prestación del servicio de derecho de asistencia sanitaria gratuita a las personas desprovistas de recursos, en el que se incluye a españoles e inmigrantes irregulares. Un buen comienzo para quienes garantizar un Estado de bienestar a la ciudadanía.

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