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Los ilegales no pueden empadronarse (26/01/2010)
Parece mentira pero es así. En los medios de comunicación por estos días hemos escuchado a diferentes políticos y representantes de la sociedad hablando sobre el debate que se ha generado por la decisión del Ayuntamiento de Vic, en Cataluña, de no dejar empadronar a los extranjeros que aún no tienen en España su situación administrativa en regla, a pesar de que se haya dado marcha atrás en la decisión de esperar hasta febrero para hacer efectiva la norma.
Independientemente de lo que se diga de esto o se deje de decir, seguimos escuchando la palabra ilegalidad a diestra y siniestra. Los ilegales por aquí y los ilegales por allá. Y después son los mismos líderes políticos- no todos- los que se encargan de impartir sobre la teoría normas de respeto y tolerancia dentro de una sociedad.
Hasta la saciedad, lo hemos manifestado abiertamente en este medio, las personas no son ilegales. Un acto puede ser ilegal más no un ser humano. Es un término ofensivo que por desgracia está institucionalizado.
El hecho de no tener los papeles en regla no equivale a convertirse para la sociedad en un despojo humano, a tal punto, de calificarlo de “alien citizen”, frase muy usada en el país del Tío Sam. Tres años de experiencia profesional en ese país con el mundo de la inmigración me lo confirma.
Por otra parte, es muy llamativo que nada más entrar el año nuevo las páginas de los periódicos abarquen temas tan candentes como el de Vic. Pero es aún más evidente que esto responda más a un objetivo electoral por la proximidad de las elecciones en en el 2.010.
Sin embargo, resulta cruel y de expediente X a estas alturas del siglo XXI, que para ganar votos y adeptos se tenga que apelar a discursos xenófobos e ideologías altamente nocivas para la buena convivencia. Escuchando al señor Mariano Rajoy está más claro que el agua que su estrategia de captación de voto apunta a seguir convirtiendo en peligrosos e ilegales a los que no han podido regularizar su situación administrativa en España.
Estoy seguro que muchos políticos del PP en Baleares no comparten la ideología de su jefe máximo.
España ha firmado acuerdos de reciprocidad electoral con varios países latinoamericanos, esto hará- gústele a quien le guste- decisivo el voto del inmigrante en las próximas elecciones en esta Comunidad Autónoma, podrían llegar a ser más de treinta mil.
En un estado de derecho empadronarse debe constituir una obligación y no un favor. La Administración nunca debe tener una venda en los ojos, por el contrario, debe tener la facilidad de ver con mayor claridad las necesidades sociales no sólo de los inmigrantes sino del resto de los ciudadanos.
Por eso, lo de Vic no dudo en calificarlo de despropósito. Las competencias para castigar a la inmigración irregular le corresponden a las oficinas de Extranjería en coordinación con la Policía Nacional.
Sabiendo lo golpeada que está la situación social en España, no se trata de pedir “papeles para todos”, no somos los pontífices de la inmigración, pero sí que no podemos callar cuando vemos que en época de calentar motores para las elecciones la inmigración tiende a berlusconizarse.

 

 

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