| Mallorca |
| Representantes de colectivos de inmigrantes y sindicatos solicitan claridad respecto a la nueva Ley 16/2012 de salud (03/08/2012) |
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Este periódico se puso en contacto con representantes que sentaron su posición en torno a este espinoso asunto que preocupa a la mayoría de los colectivos foráneos.
Por Juan Pablo Blanco A
Aprovechando la convocatoria del Foum de la Inmigración celebrado el 24 de julio, algunos representantes de asociaciones, ONGD y sindicatos abordaron el cambio a la Ley de la Salud que comenzará a regir el 1º de septiembre, y que sobre la teoría afectará a los inmigrantes irregulares, a quienes carezcan de tarjeta sanitaria y recursos económicos.
Alda Yurramendi, presidenta de la Plataforma de la Convivencia de Ibiza, dijo que la reunión dejó una sensación de debilitamiento en el tejido asociativo de Mallorca, a su criterio “no puede ser que cuando se vayan a abordar temas trascendentales estemos representados pocos, algo que en Ibiza no sucede”. Yurramendi de origen uruguayo criticó el desconocimiento de algunos funcionarios que cobran la asistencia sanitaria en Ibiza”, no obstante, pese a que representantes de la salud pública presentes en la reunión se mantuvieron en su posición de que “no se debe cobrar”, Yurramendi mostró unas facturas que evidenciaba el pago de estos servicios por parte de una menor de edad atendía hace pocos días en Ibiza. Estos documentos fueron llevados por los propios usuarios a la sede de la Plataforma.
“Expuse la realidad de Ibiza, gente que no tiene papeles, están fuera del sistema informático y esto es muy grave”, la líder sudamericana dijo que se está cobrando 80 euros en algunos servicios de urgencias. Mercedes Prats, consellera de política social del Consell de Ibiza presente en la reunión tomó nota de los casos comentados por Yurramendi.
Norbey Andrade, presidente de la asociación de colombianos en Baleares coincide en gran parte con Alda Yurramendi. “Nos tiene muy preocupados el tema de la nueva Ley y nos gustaría que de una vez por todas la gente esté informada, lo único cierto hasta el momento, por testimonios que nos han llegado a la propia asociación, se esta cobrando” para añadir que “es necesario que los funcionarios de la sanidad en Baleares tengan un criterio claro y unificado sobre este complejo tema que afecta a compatriotas suyos que acuden a la asociación”.
Asimismo, Andrade recomendó a los que tienen documentación en regla, que si existe alguna persona que no atiendan en ningún centro se puede denunciar; toda persona que haya agotado el paro y las ayudas pueden seguir beneficiándose de la asistencia en la Seguridad Social, siempre y cuando esté como demandante de empleo y renueve cada tres meses.
Eva Cerdeiriña, encargada de CC.OO del área de inmigración denuncia que “desde el año pasado en Baleares- octubre y noviembre- no se atienden inmigrantes irregulares; la directora general ha dicho que nadie se quedará sin atención. Pero la realidad es otra y hay gente con enfermedades crónicas y no ha habido una respuesta clara en este sentido. En la comisión permanente del Foro, realizado en febrero de este año, se habló del tema pero hasta el momento no ha habido ninguna línea de actuación. No hay una respuesta clara por parte de la Administración, el decreto 16/2012 va a agravar esta situación, no hay una declaración del Govern en este sentido”.
Cerdeiriña comenta que El Forum Estatal de la Inmigración en su informe del pasado 7 de junio, hace varios análisis detallados sobre el derecho a la salud de las personas inmigrantes a nivel europeo y estatal. Se sabe que los inmigrantes no abusan del uso del sistema sanitario. Agrega que “este informe como mínimo se debe tener en cuenta, valorarlo y tomar un tipo de medidas entre los sectores afectados. Lo importante en esta Comunidad Autónoma es saber a qué atenernos a partir del 1º de septiembre”.
Al final de la reunión se planteó el diseño de un tríptico para ser distribuido entre las personas en aras de que exista una información clara y coherente sobre los derechos y lo qué va a suceder con certeza a partir del 1º de septiembre. En la reunión, los representantes del Govern advirtieron en que nadie se quedaría sin atención ni desamparado.
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