Por Ivis Acosta Ferrer
“Se busca free lance que pueda traducir documentos del inglés al español”, este anuncio en un grupo de búsqueda de empleo de la red social Facebook es uno de los tantos que atrae la atención de los internautas.
Al ver este mensaje, Victoria, una madre que sueña conciliar su vida profesional con la familiar, escribe un mensaje privado al anunciante. En poco tiempo recibe respuesta con un enlace a otra red social, en este caso Telegram, indicándole que se una a un grupo para que le comenten detalles sobre el trabajo.
La mujer lo hace sin dudar y facilita su teléfono al interlocutor, quienquiera que sea. A cambio recibe un dossier informativo sobre la empresa que requiere los servicios. Victoria busca en Google el nombre de la empresa y encuentra una web.
Todo parece correcto. Revisando el documento encuentra que el pago de las traducciones es asequible para lo que hay en el mercado y se congratula de haber sido de las primeras en contestar al anuncio.
El hecho de que sean personas extranjeras explica para ella la diferencia de tarifas; al fin y al cabo la globalización ha llegado para quedarse. Victoria trabaja durante 72 horas en la traducción y la termina justo a tiempo, pero al momento de cobrar su cliente insiste en que debe facilitarle su número de cuenta, DNI y otros datos personales.
Solo entonces se percata de que ha ido demasiado lejos al entregar sus datos a un desconocido, y decide bloquear al remitente, que insiste en comunicarse a través de Telegram. Afortunadamente para ella, la estafa no progresa, pero le indigna haber trabajado por nada.
El caso de Victoria no es aislado, la red está llena de estos ejemplos de personas que se intentan aprovechar mediante propuestas sospechosamente atractivas. Tal es el caso del Tania Pérez, que encontró en Instagram unos vestidos hermosos en un perfil de Colombia.
Sin embargo, cuál no sería su sorpresa cuando, que una vez desembolsado el pago de los portes y de los productos, el vendedor de Instagram bloqueó su perfil y con ello toda posibilidad de comunicación. Al intentar recabar información sobre este individuo descubrió en los grupos de Facebook que ya había estafado a más personas utilizando la misma táctica.
Catherine Alcina se llevó un disgusto el día en que, conmovida por el fallecimiento de su mejor amigo, el cineasta mallorquín Agustí Villaronga, y en un estado de profunda tristeza, quiso entrar a Zoom a formar parte de un homenaje que se estaba llevando a cabo en dicha plataforma.
No obstante, en lugar de entrar en la aplicación, el nerviosismo del momento la llevó a un enlace falso donde le pidieron la tarjeta de crédito, y ella por las prisas de no perderse el evento, la facilitó, con lo que tuvo un cargo instantáneo de tres euros en su tarjeta ese día y en varios intentos posteriores.
Al darse cuenta de que había sido estafada, bloqueó su tarjeta pero no llegó a denunciar el caso ante la policía, dado que el banco le había devuelto su dinero y el monto no había sido excesivo, de haberlo denunciado habría tenido que dedicar un tiempo que no tenía y tal vez no habría servido de mucho, pues estas cuentas se reproducen casi al momento.
La indefensión que provoca ser objeto de estos timos informáticas y lo extendido de las mismas tras el confinamiento y “virtualización” de la sociedad durante la “Pandemia” han llevado a que, en enero de 2021 el Consejo de Ministros aprobase un Real Decreto que protege los derechos llamado “consumidor vulnerable”, permitiendo a las administraciones públicas “corregir situaciones de indefensión”, gracias a esta ley hoy es posible la intervención de las fuerzas del orden público y entidades bancarias para inhabilitar o desestimar transacciones en las que se vea claramente que una de las partes ha obrado de mala fe o se ha abusado de colectivos vulnerables como menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial o con dificultades por la falta de accesibilidad de la información.
La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos desde su web y ha elaborado una guía de ciberseguridad que puede descargarse gratuitamente desde el enlace https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/en_internet.html donde también hay una dirección de email para denunciar casos de esta índole. La Policía Nacional, por su parte, ha hecho más accesibles las denuncias mediante la web https://www.policia.es/_es/denuncias.php
Las entidades bancarias, por su parte, tienen cada una en sus webs y aplicaciones móviles un apartado donde sus clientes pueden denunciar movimientos sospechosos en sus cuentas y cancelar sus tarjetas en caso de haber sido víctimas de fraude, pero en la letra pequeña puede leerse que para solicitar la devolución de cualquier cantidad, el usuario estafado debe aportar copia de una denuncia ante las autoridades competentes.
Con todo lo expuesto, vale reseñar que las leyes van adaptándose al reto que supone el avance de las nuevas tecnologías y la excesiva conectividad con lo que las pautas las dicta el sentido común.
Nadie va a ser elegido al azar para recibir una herencia de una rica señora sin descendientes, tampoco hay que ceder al primer instinto de ayudar a una persona que tiene un problema en África, aunque asegure en su misiva que tan solo 25 euros lo ayudarían para salir de un problema, definitivamente, no es una buena idea aceptar esa solicitud de amistad de ese médico que se encuentra ahora mismo destinado en la guerra de Ucrania, o ese viudo guaperas que se presenta en su foto de perfil con su encantadora hija y que apela a nuestro más profundo instinto maternal. No tentemos a la suerte y recordemos que, como dice el refrán “nadie da duros a pesetas”.
