La eliminación de las tasas judiciales favorece a quienes interponen recursos a nivel de extranjería

27/03/2015

Por fin ha primado la cordura en el Gobierno, o es que se acerca el periodo electoral y saben que han metido la pata hasta al fondo, lo cual les va a costar un buen puñado de votos. Pero el hecho objetivo es que el mes de marzo lo hemos comenzado sin las famosas Tasas Judiciales que impuso el Gobierno a través de su ex Ministro de Justicia, Gallardon.


Las tasas judiciales implicaban que si alguien, persona física o jurídica, quería acceder a la Justicia e interponer un pleito, debía abonar una determinada cantidad en concepto de tasa, la cual era recaudada por el Estado y engordaba las arcas públicas. En un Estado social como el nuestro, en el que pagamos impuestos para poder tener acceder a una serie de servicios universales como la justicia, las Tasas, han provocado que mucha gente no haya reclamado por sus derechos en los juzgados, ya que a las Tasas hay que sumarle los gastos de abogado y procurador, más las posibles costas judiciales que en muchos pleitos pueden llegar a recaer si no se gana.
En materia de Extranjería las tasas judiciales que se debían pagar, al tratarse de una materia de cuantía indeterminada, ya que no se reclama cantidad económica sino un derecho, eran 218 euros. Esta cantidad era para la primera instancia, pero si se estaba en desacuerdo con la sentencia de la primera instancia, y se quería recurrir al Tribunal Superior de Justicia, la tasa que había que pagar era de 800 euros. Estas cantidades, sobre todo la del Recurso de Apelación, han provocado que mucha gente no hubiese recurrido sentencias de primera instancia con las que no estaban de acuerdo.


Hay que ser conscientes de que el colectivo inmigrante ha sido, y es, uno de los más afectados con la crisis económica y con sus consecuencias, tales como el desempleo, los impagos de hipotecas, de préstamos, etc. Esta situación ha llevado a que sea este colectivo uno de los más perjudicados en cuanto al acceso a la justicia y al menos en cuanto a la libre designación de abogado, debido a que el coste de uno  particular, junto con las tasas judiciales, implicaban ser un servicio prohibitivo para una persona en situación de necesidad.
La lógica se ha impuesto, y tras muchas quejas y manifestaciones, incluidas las del colectivo de abogados y personal dedicado a la justicia, se ha conseguido que el gobierno elimine las tasas judiciales para las personas físicas. Esto quiere decir que a partir de ahora cualquier persona que tenga que acudir a la justicia ya no tendrá que pagar estos impuestos a la justicia.
Pero también se puede percibir un “ligero” tufillo electoral. Estamos en año de elecciones, de muchas elecciones, pero fundamentalmente de las elecciones generales en noviembre y, como he dicho al principio, el gobierno ha implantado tantos recortes sociales en esta legislatura que, ahora, al final de los cuatro años de mandato, parece que se quiere volver a ganar la confianza y quiere recuperar credibilidad del electorado que le está dando la espalda, tal y como es de apreciar en las encuestas.
No se puede Gobernar tres años a base de decretazos, que lo único que han hecho es recortar derechos a los ciudadanos, y en el “sprint” final, intentar recuperar el daño causado a la sociedad en su conjunto.


Las empresas
Aún con todo, las tasas no han desaparecido. Se siguen manteniendo para las empresas. Es aquí donde se vuelven a levantar las voces críticas, ya que quizá sería justo mantenerlas para las grandes empresas que generan millones de beneficios anuales, y por consiguiente, son monstruos mercantiles capaces de hacer frente a la mayor de las crisis. Pero, ¿Qué pasa con el mediano y pequeño empresario?
El mediano y pequeño empresario, si quiere reclamar en los juzgados  algún derecho, algún impago o incumplimiento de contrato, no le quedará más remedio que seguir pagando las Tasas Judiciales.
Debemos recordar que muchos de los pequeños y medianos empresarios padecen los efectos de la situación económica de una manera brutal, con pagos de impuestos elevados, con un descenso del consumo importante, y en definitiva con condiciones que, en muchos casos, implican grandes sacrificios para poder mantener la empresa o el negocio familiar.
Éstos, es posible, que sigan dejando de acudir a la justicia en muchos casos por serles imposible hacer frente a los gastos que conlleva, y si además se mantienen las Tasas Judiciales, con más motivo para no reclamar. Realmente,  han provocado que el acceso a la Justicia sea discriminatorio y que solo sea accesible para aquellos que se lo puedan permitir.
También se hace preciso advertir que las Tasas Judiciales afectaban a casi todas las jurisdicciones, exceptuando a la penal y la laboral para los trabajadores, con lo cual en estas áreas, la situación no cambia en nada y todo sigue igual.

Fdo. Igor Valiente

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