Procedimiento a seguir ante el riesgo de una expulsión por estancia irregular

08/10/2015

Un problema muy frecuente cuando alguien quiere regularizar su situación en España a través del arraigo social o cualquier otro tipo de arraigo, es decir aquellas personas que ya están en España pero que no tienen residencia y pueden acceder a cualquiera de las autorizaciones por circunstancias excepcionales; es el hecho de tener en su contra una orden de expulsión decretada por estancia irregular. La pregunta frecuente es si esto constituye un problema para poder acceder a la regularidad.

El sancionado

Cuando una persona se encuentra en España sin autorización para residir y se han pasado los tres meses iniciales de estancia como turista, puede tener el contratiempo de que la policía le inicie en su contra un procedimiento sancionador administrativo por estancia irregular. La sanción puede ir desde la interposición de una multa económica hasta que se decrete una expulsión debido a esa estancia irregular.

Tipo de sanciones

Es frecuente encontrarnos con este problema, ya que el mero hecho de estar irregular implica la sanción administrativa, que en el caso de que sea la primera vez, o si no existen informes desfavorables, acabará en una multa. Pero si por el contrario ya existía una multa anterior o existe algún informe desfavorable, nos podemos encontrar con que se imponga la expulsión.

¿Cómo afecta a la situación del extranjero?

En el caso de que nos impongan una sanción de multa, la solución es pagarla, y para el caso de que no se pueda pagar de una sola vez, se debería pedir un fraccionamiento a la Administración. Es conveniente pagarla si la intención es regularizar la situación, ya que extranjería, si solicitamos residencia, nos exigirá que se haya pagado la multa.

Si la situación apunta a la expulsión por estancia irregular, nos encontramos ante una coyuntura de riesgo, ya que la policía tiene la capacidad de poder detener al interesado sancionado e iniciar la ejecución de la expulsión. En este caso es conveniente haber seguido el curso del proceso sancionador, y en su caso interponer los recursos administrativos y judiciales que estén a nuestra disposición para así hacer frente a la sanción y tratar de sustituirla por una multa si es que existen elementos que para poder pelearla.

Si se llega a dar la sustitución de la sanción de expulsión por la sanción de multa, nos encontramos en el supuesto de tener que pagarla para así poder acceder a la regularidad cuando proceda.

Posibilidad de regularización

La gran pregunta que se suele hacer la gente que está sancionada es si se puede acceder a la regularidad aun existiendo una sanción de multa o de expulsión. Pues sí que es posible, ya que en el primer caso de una multa, si se ha pagado y se demuestra este extremo a extranjería, la Administración no pondrá inconveniente para conceder la autorización de residencia que se solicite, siempre y cuando se cumplan con el resto de requisitos del tipo de autorización que se inste.

Si por el contrario la sanción que se impuso fue la de expulsión, la Ley también prevé que se pueda llegar a  revocar de oficio dicha sanción, imponiendo una multa, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que establece la norma para acceder al tipo de autorización que se solicite.

Por tanto, incluso aunque no hayamos podido recurrir una sanción de expulsión por que se haya pasado el plazo, o porque nos hayan denegado los recursos, y ésta siga vigente, se puede llegar a la regularidad, siempre que la sanción se haya impuesto por el hecho de la estancia irregular.

Criterio de la norma

Esta posibilidad de poder regularizar la situación aunque exista una sanción de expulsión administrativa, tiene como objeto, entiendo a mi criterio, el hecho de dar cobertura a todos aquellos que de algún modo demuestran cotidianamente que no son personas que incumplen el ordenamiento, y en su caso que son vecinos que cumplen con el orden social establecido, ya que su único elemento negativo es el hecho de no tener residencia.

De alguna manera es una posibilidad jurídica que da sentido al arraigo social, que es aquel procedimiento que “premia” la situación de irregularidad de tres años, que al final coincide con el motivo sancionador, que es la estancia irregular. Por eso lo lógico es tener esa posibilidad de revocar una sanción de expulsión, si se ha dado solo por no tener residencia y conceder la autorización para residir.

 

Fdo. Igor Valiente 

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