El Govern destinará 20 millones de euros a la renta social a familias desfavorecidas

22/10/2015

Se calcula que la iniciativa beneficiará a unas 3.000 familias, que equivaldrían a entre 9.000 y 12.000 personas.

BSF

 

La renta social, uno de los compromisos de los acuerdos de gobernabilidad, ya tiene presupuesto para el año 2016. El Govern destinará 20 millones de euros a esta prestación para personas sin recursos económicos para el año que viene. Se trata de la cantidad más alta destinada en les Illes Balears a una iniciativa social en su primer año de implantación.

La renta social, que supone un nuevo derecho para la ciudadanía, se aplicará de manera progresiva y beneficiará en una primera fase las familias sin ingresos con menores a cargo. Se ha establecido una cuantía mínima de 428 euros, ampliable hasta un máximo de 776, en función del número de menores presentes en el núcleo familiar. Se calcula que en esta primera fase beneficiará a unas 3.000 familias, que equivaldrían a entre 9.000 y 12.000 personas.

Se trata de una prestación de último carácter y una de las condiciones es que los beneficiarios deben tener residencia mínima de tres años en las islas y acreditar que no tienen ingresos, y se los derivará al Servicio de Ocupación de les Illes Balears para facilitarles la búsqueda de trabajo.

La renta social estará regulada por una ley, que ya está redactada y pactada con las entidades que luchan contra la pobreza, integradas en la Red para la Inclusión Social de les Illes Balears y el tercer sector.

El compromiso del Govern, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, que gestionará directamente la renta social, es cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de vulnerabilidad económica y luchar contra la pobreza infantil. El Govern prevé que la renta se extienda a otros colectivos y personas sin recursos económicos en función de la mejora de la financiación de la Comunitat Autónoma.

Les Illes Balears se convierten en una de las primeras comunidades del Estado en sacar adelante una renta económica destinada a las familias no vinculada a una contraprestación. La crisis económica y la precariedad del mercado laboral han hecho surgir nuevos perfiles de personas y familias a los cuales va dirigida esta renta social. Esta iniciativa supone un paso más en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, que ha sido paralizada durante la pasada legislatura.

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