La gestión migratoria española vulnera los derechos fundamentales de miles de vidas humanas


30/01/2021

El 2020 pasará a la historia como un año muy duro, marcado por la pandemia de la COVID 19 y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Los países activaron mecanismos para mitigarlas.

Las naciones más espoliadas y con una deficiente estructura sanitaria, no lo han tenido nada fácil para encontrar soluciones ni capacidad económica suficiente para activar un plan de choque a dichas consecuencias.

Concretamente en África, a pesar de que el virus parece tener una menor letalidad, no hubo una respuesta adecuada a nivel social y económico. A este hecho se suman dificultades estructurales que siguen afectando a gran parte de la población del continente.

A razón de este flagelo, cientos o incluso miles de personas siguen atravesando desiertos, mares y océanos en busca de una vida digna, acogiéndose al derecho de libre circulación.

Es, por lo tanto, equivocado afirmar que el aumento del “fenómeno migratorio” haya sido únicamente causado por la pandemia, así como estamos acostumbrados a oír.

En relación con la llegada de pateras durante el 2020, mientras en las costas de las Islas Canarias, se notó un incremento respecto al 2019, en cambio en el Mediterráneo, los datos demuestran una bajada en su volumen.

En este sentido queremos manifestar nuestra preocupación sobre:

La externalización de fronteras: Práctica en la que se hace visible que para la UE es más importante intensificar el control en las fronteras que proteger las vidas de las personas migrantes, inyectando dinero en sistemas de vigilancia fronterizos para frenar lo que de manera difamatoria e irresponsable han sabido catalogar algunos irresponsables medios de comunicación como “la invasión de inmigrantes”.

Esta inaceptable política migratoria trae consigo una sistemática vulneración de los diversos tratados internacionales y derechos fundamentales de estas vidas humanas migrantes.

Una gestión responsable de esta crisis humanitaria pasa, a nuestro entender por invertir en justicia social global y políticas para mejorar la situación social y económica de la ciudadanía en general, ya castigada por las consecuencias de la COVID 19.

Obstrucción burocrática en gestión de visados: Los obstáculos para la obtención de visados desde los países de origen son excesivos, y causa directa de la inmigración por vías que ponen en peligro la integridad personal.

  Nefastos acuerdos bilaterales y de cooperación norte-sur: Acuerdos y programas de “cooperación” proyectados con una visión que favorece fundamentalmente los intereses de los países enriquecidos del norte y no de los africanos, expoliando sus recursos sin permitir un desarrollo socioeconómico que beneficie a la población de estos intervenidos territorios.

Desde las organizaciones abajo firmantes, creemos que cuando se habla del “fenómeno migratorio” no se pueden ocultar estos elementos y factores, ya que son las variables principales para el fomento de la desigualdad y la injusticia social, que a su vez alimenta la inmigración forzada.

Es evidente que la UE no está frenando la inmigración con sus políticas de austeridad, todo lo contrario, está fortaleciendo la trata de seres humanos, además de abocar al inmigrante a buscar vías alternativas, que se convierten en demasiadas ocasiones en cementerios humanos.

Llegará el momento de que las autoridades europeas deberán responder por estos crímenes de lesa humanidad. Las causas reales de la inmigración, son multidimensionales y están interrelacionadas.

Se pueden identificar desde los procesos históricos, la geopolítica, la economía global, además de las realidades sociales de la población en los países de origen. Un claro ejemplo de esta problemática lo encontramos en Senegal donde una de las causas de la emigración “irregular o ilegal” surge a partir de unos acuerdos ilegítimos de pesca entre la Unión Europea y Senegal.

En estos convenios bilaterales provistos de pagos ridículos a Senegal en relación con los beneficios que representan para la industria pesquera europea, se permite una pesca industrializada de merluza, atún entre otras especies por parte de pesqueros de España, Portugal y Francia con una cuota de 10.000 toneladas al año, así como posibilidades de pesca de merluza negra para pesqueros españoles (1.750 toneladas por año).

Estos acuerdos no protegen al sector pesquero senegalés que se ve afectado por la sobreexplotación de las especies comerciales lo que les precariza exponencialmente su subsistencia. En un país que tiene la pesca, la agricultura y la minería como sus pilares económicos.

En esta usurpación y sobrepesca de los mares senegaleses es difícil de cuantificar la dimensión económica de las pérdidas que representan para la pesca autóctona senegalesa de la que depende la subsistencia de más de 500.000 personas y por ende la economía del país. Dicha situación, no oculta adicionalmente la grave afectación en términos alimentarios, la corrosión del tejido social, las graves consecuencias para el medioambiente y el ecosistema, e incluso, afectando directamente la seguridad de la población y sus derechos básicos.

Esta dinámica en las relaciones norte-sur es reiterativa y explica gran parte de las problemáticas económicas y sociales de diversos países africanos y con los recursos expoliados, como también es el caso del cacao, el café o los minerales de la República Democrática del Congo...Estos acuerdos no prestan atención al impacto negativo.

Por lo expuesto previamente, instamos:

Al conjunto de la ciudadanía española: Romper el silencio para ayudarnos a denunciar esta injusticia social ante las autoridades implicadas exigiendo a la UE y al gobierno senegalés la revisión de los acuerdos de pesca en Senegal para que sean beneficiosos para Senegal y su población.
Al Gobierno Español:
Que cumpla con sus compromisos y sus promesas de campaña en materia de política migratoria en España, no solamente paliando la dificultad de la llegada de Inmigrantes en España sino también buscando una solución basada en las causas reales.

A los gobiernos africanos:

Para que asuman responsabilidad y fidelidad en el contrato social con sus pueblos, impulsando políticas locales e internacionales, priorizando el interés general del conjunto de su ciudadanía.

   A los medios de comunicación: Que traten el tema de la inmigración con respeto e imparcialidad, denunciado las causas reales de la inmigración para poder dar a conocer la otra cara de la inmigración.

  A las entidades sociales y especialmente las entidades públicas: Que revisen los modelos y programas actuales de proyectos de “cooperación internacional al desarrollo en África” ajustándolos a las realidades africanas en todas sus facetas y que fomenten la implicación y participación real de los africanos y de los mismos inmigrantes, para que se conviertan en agentes claves de cambio, tanto en los procesos de integración como en la cooperación al desarrollo.
 
Kal Melanina España
Justin kashara G.
Presidente
Veïns Sense Fronteres
Nena Obrador Sastre
Vice-presidenta
Thakhi-runa
Mauricio Tejada
Presidente
 Fuentes de respaldo:
• Un viaje virtual por los siete pecados ambientales en África. 1: Sobrepesca en Senegal.
Juan de D. Fernandez
Doctor en Ecología Terrestre. Responsable de Presencia Territorial de Greenpeace.






Baleares Sin fronteras (+34) 971 720 860 (+34) 655 207 019