Denuncie, adelántese a los acontecimientos

15/03/2016

Otro escándalo de mayúsculas proporciones sacude al sector empresarial no solamente de España, sino de Europa. Los inmigrantes, concretamente, el colectivo ecuatoriano esta vez es el afectado de la estafa masiva protagonizada por la empresa OGC Paquetería, cuyas delegaciones estaban localizadas en Barcelona, Murcia, Madrid, Hospitalet de Llobregrat y Palma de Mallorca.

Además, la empresa contaba con un centro de operaciones en Bélgica de donde se recogían los enseres procedentes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Suiza y Luxemburgo. La mañana del lunes era un caos en las sedes. Los empleados desconocían el paradero de sus propietarios, simplemente se habían esfumado, al igual que los documentos y facturas que fueron destruidos.

Hasta hoy nadie daba sabía exactamente a dónde se encontraban los hermanos Zuñiga y sus respectivas parejas, que también, según testimonio de los trabajadores eran parte importante en el andamiaje de la empresa.

El eco del perjuicio ocasionado a más de cuatro mil ecuatorianos llegó hasta el propio gobierno ecuatoriano que inmediatamente dio instrucciones a su embajada en Madrid de convocar una reunión de carácter extraordinario. En la cita con los afectados, el propio embajador, Miguel Calahorrano explicó que no se ahorrarán esfuerzos para que asistir jurídicamente a la plataforma de ecuatorianos afectados por la masiva estafa.

Este periódico ha tenido la oportunidad de recopilar varios testimonios de personas que se han acogido al programa del gobierno ecuatoriano “Bienvenido a Casa”; otros que se han decantado al Plan de Retorno Voluntario del gobierno español u otro grupo que decidió poner fin a su aventura inmigrante y emprender una nueva vida en Ecuador.

Hoy por hoy, familias enteras se exponen al peligro de perder gran parte de sus pertenencias que compraron con esfuerzo y sacrificio a través de los años, sin contar el importe de dinero desembolsado para enviar esos objetos. Desde la óptica editorial de este medio consideramos que estos hechos deben servir de ejemplo para que de una vez por todas las autoridades competentes pongan freno a este tipo de abusos, máxime cuando una empresa va a operar con una actividad comercial que pone en riesgo el futuro de miles de familias.

Resulta llamativo que clientes de esta empresa hayan denunciado retrasos de hasta cinco o seis meses para que sus objetos personales llegaran a su lugar de destino, pero también queda el manto de duda sobre la forma en qué se ejercía el seguimiento de la mercancía que salía de Europa al Puerto de Guayaquil. En este sentido, el consumidor debe luchar por sus derechos y denunciar cualquier sin titubeos tipo de irregularidad que observe para evitar que el “cáncer” se extienda, simplemente adelántese a los acontecimientos por muchos problemas que esto le pueda generar, a mediano plazo será mejor para no tener que lamentar las consecuencias.

La cultura de la denuncia es poco frecuente aún y en ese sentido hay mucha pedagogía por hacer. No es posible que transcurran tantos meses de irregularidades y hasta ahora explote la bomba. Desde este periódico hace dos meses teníamos conocimientos de algunas anomalías en los retrasos, pero hasta ahora nadie se atrevía a denunciar y sin documentación o testimonios de afectados ningún medio de comunicación puede hacer algo.

Infortunadamente otro escándalo vulnera los derechos del consumidor de un producto, en este caso, en menos de tres meses, los inmigrantes son los más damnificados por este daño, cabe recordar el caso de la agencia de viajes Sunny World Travel con sede en Mallorca, que dejo tirados en la cuneta a decenas de viajeros que no pudieron llegar a su lugar de destino. El propietario recibió el dinero de unos billetes de avión que nunca fueron emitidos oficialmente. Esperemos que aunque la justicia tarde en llegar, lo haga y castigue ejemplarmente a los artífices de estas estafas.

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