Amnistía Internacional rechaza ratificación de condena a Leopoldo López

30/08/2016

Considera que el líder de la oposición es víctima de una “caza de brujas” por el gobierno de Venezuela
AI.
La decisión de una corte de apelación en Venezuela de ratificar la sentencia de 13 años contra el líder de oposición y preso de consciencia Leopoldo López es una nueva mancha en el trágico historial de derechos humanos del país, dijo Amnistía Internacional.
“Leopoldo López es la víctima de una perversa ‘caza de brujas’ contra cualquiera que se atreva a estar en desacuerdo con el gobierno de Venezuela. Es un preso de consciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente,” dijo Carolina Jiménez, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular, se entregó a la Guardia Nacional el 18 de Febrero de 2014 tras una manifestación que organizó. El 10 de Septiembre de 2015, fue encontrado culpable de incitar a la violencia durante protestas contra el gobierno el 12 de Febrero de 2014 y sentenciado a 13 años y nueve meses de prisión por cargos de conspiración, incitación al delito, incendio y daños a propiedad pública. Amnistía Internacional considera que la detención y cargos contra Leopoldo López podrían tener una motivación política.
En Agosto de 2014, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias dijo que la detención de López había sido arbitraria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió a las autoridades que lo liberaran inmediatamente.
Cuarenta y cuatro personas murieron, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, y cientos fueron heridas durante las protestas que tuvieron lugar en Venezuela en la primer mitad de 2014. Cientos fueron maltratados y miles detenidos. Las víctimas y sus familias todavía esperan justicia.
Liberada Belén en Argentina
La orden de liberar Belén, una mujer sentenciada a ocho años de prisión luego de sufrir un aborto espontáneo, es un gran paso para los derechos humanos en ese país, dijo Amnistía Internacional hoy.
Anoche, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, situada al norte de Argentina, ordenó la libertad de Belén, quien había estado detenida bajo prisión preventiva. Se trata de la joven de 27 años condenada a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo.

Tras haber pasado más de dos años privada de su libertad, la Sala Penal de la Corte sostuvo que “no existen argumentos para extender la prisión preventiva” de Belén y criticó a la Cámara Penal III, responsable de la medida. Sin embargo, cabe destacar que esta misma Corte aún debe resolver respecto de su condena y tiene 90 días hábiles para hacerlo.

“La liberación de Belén es una muy buena noticia. Ahora es necesario que la Corte se aboque a la revisión de la sentencia y anule la condena injustamente impuesta a Belén. Ella nunca debió haber estado tras las rejas. Sufrir un aborto espontáneo no es un delito”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El pasado 26 de julio, Amnistía Internacional presentó a las autoridades locales más de 120.000 firmas colectadas por todo el movimiento, pidiendo su liberación inmediata e incondicional.

Información complementaria

En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén fue a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán por dolores abdominales. La derivaron al Servicio de Ginecología porque tenía abundante sangrado. Allí, los médicos le informaron que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 22 semanas. Belén dijo que desconocía estar embarazada.

Personal del hospital encontró en un baño un feto e inmediatamente la denunciaron asumiendo que era  el “hijo” de Belén,  pero sin tener ninguna prueba ni análisis de ADN que probara su relación con el feto. Belén contó que un enfermero le trajo el feto en una cajita y la insultó por lo que le había hecho, argumentando que se trataba de su “hijo”. Cuando despertó del legrado en su cama, estaba rodeada por varios policías que inspeccionaban sus partes íntimas. Todos estos hechos pueden ser considerados tratos crueles, inhumanos y degradantes.

De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda información protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que es revelada, incluso a funcionarios policiales, constituye una violación del derecho a la privacidad. Los médicos profesionales tienen una obligación de proteger la confidencialidad de la información a la que han accedido como parte del ejercicio de su profesión.

 
Belén fue detenida en prisión preventiva por más de dos años, acusada de haberse inducido un aborto. El fiscal de la causa luego cambió la acusación por la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, que tiene una pena mayor de hasta 25 años de prisión.
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