La falta de personal es crítica: Madrid, con 237.438 expedientes resueltos, cuenta solo con 125 empleados/as; Barcelona, con 217.785 expedientes, apenas tiene 132 trabajadores/as. A nivel nacional, más del 30% de las plazas están vacantes, y en algunas provincias este porcentaje alcanza el 50%. Hay casos como el de Illes Balears, que tiene 23 puestos ocupados y 42 vacantes, lo que hace imposible atender la creciente demanda de solicitudes.
Además, el nuevo reglamento de Extranjería, que entrará en vigor el 20 de mayo, agravará la crisis. En lugar de medidas preventivas para reforzar el sistema, el Gobierno ha optado por la inacción, permitiendo que las oficinas ya colapsadas se enfrenten a una nueva ola de solicitudes sin personal suficiente para atenderlas.
Ante este escenario de caos, CCOO exige:
La contratación urgente de personal para cubrir todas las plazas vacantes.
Mejoras salariales y condiciones dignas para las y los empleados públicos de Extranjería.
La reforma inmediata del sistema de gestión de expedientes para evitar bloqueos y retrasos inaceptables.
La huelga del 19 de mayo es un grito de alerta ante la desidia administrativa.
La ciudadanía no puede seguir soportando esta precarización del servicio público, y los empleados y empleadas no pueden seguir trabajando en condiciones indignas. Es hora de que las autoridades actúen antes de que el sistema se hunda por completo.
En el caso de Baleares, aunque en este último año, la oficina de Palma ha aumentado su plantilla, es también evidente un retraso en los trámites de extranjería, y la situación se hace más evidente con los expedientes de las otras Islas: Ibiza, Menorca y Formentera.
El Gobierno estudia medidas para corregir el impacto
del nuevo reglamento de extranjería
El Gobierno de España anunció que estudiará medidas para corregir el impacto del nuevo reglamento de extranjería especialmente en solicitantes de asilo, medida que permitiría regularizar a más de 300.000 personas en España.
Sin embargo, en los primeros meses desde su aprobación, abogados de extranjería, organizaciones sociales y especialistas en migraciones comenzaron a alertar que, en la práctica, la norma estaba teniendo el efecto contrario: empujaba a numerosos solicitantes de asilo a la irregularidad.
Su preocupación se materializó en la presentación de dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo.
Cuatro meses después, se empiezan a constatar las consecuencias de aquellas advertencias. A medida que se acumulan los casos de afectados en los despachos de abogados y en las oficinas de las ONG.
Incluso antes de la entrada en vigor definitiva de la norma, prevista para el 20 de mayo, el Gobierno ha decidido revisar el impacto de la regulación.
Revisión del Nuevo Reglamento de Extranjería
Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a ElDiario.es, se están analizando «vías alternativas que ofrezcan seguridad jurídica».
Añaden, para atender la situación de personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada y que no cumplen con los requisitos para acceder a la Protección Internacional.
“Actualmente, los equipos técnicos trabajan en el diseño de estas soluciones”, aseguran desde el Ministerio a Eldiario.es
Uno de los principales problemas detectados es que los solicitantes de asilo que reciban una respuesta negativa verán anulado todo el tiempo de residencia y trabajo en España.
Mientras se tramitaba su caso, lo que les obligará a sobrevivir sin documentación durante al menos dos años para poder optar a un permiso de residencia por arraigo.
Están dejando a miles de personas en total vulnerabilidad
Aunque el Ministerio de Inclusión había previsto una vía extraordinaria de regularización para afectados, los estrictos requisitos establecidos se convierten en un obstáculo preocupante para obtener los papeles.
Concretamente, haber recibido ya una denegación firme y haber permanecido seis meses en situación irregular están dejando fuera a miles de personas, especialmente aquellas que todavía esperan una respuesta por parte del Ministerio del Interior.
Además, el nuevo reglamento está forzando a muchos solicitantes a retirar los recursos presentados contra la denegación de su asilo para poder acogerse a esta vía.
Lo que les coloca automáticamente en situación irregular y les obliga, en muchos casos, a perder sus empleos.
Ante este escenario, el Gobierno reconoce la necesidad de actuar y está evaluando modificaciones o soluciones complementarias.
Para evitar que un reglamento, pensado para regularizar, termine expulsando a la clandestinidad a miles de personas.
