El nuevo reglamento de extranjería, aunque tiene como objetivo facilitar la regularización de algunos solicitantes de asilo, ha generado controver a algunos de ellos. El reglamento establece un período de seis meses en situación administrativa irregular antes de poder iniciar el proceso de regularización para quienes han tenido su solicitud de asilo denegada antes de la entrada en vigor del reglamento. Esto puede implicar la pérdida de empleo y la exposición a la precariedad.
Efectos negativos para solicitantes de asiloPérdida de empleo y situación irregular:
Algunos solicitantes de asilo que tienen denegada su solicitud y no han presentado recurso, o lo han presentado pero han recibido una respuesta negativa o han desistido, se ven obligados a retirar sus recursos para poder acogerse a la disposición transitoria del reglamento, lo que les coloca automáticamente en situación irregular y les puede obligar a perder sus empleos.
Situación de incertidumbre:
El nuevo reglamento puede generar incertidumbre y dificultades para quienes buscan asilo, ya que la regularización a través de la vía del arraigo requiere cumplir con requisitos específicos y puede ser compleja.
Limitaciones en la reunificación familiar:
El nuevo reglamento puede dificultar la reunificación familiar para los solicitantes de asilo, ya que algunos procesos de reunificación familiar pueden estar condicionados a la resolución final de su solicitud de asilo.
Dificultades para acceder a derechos sociales:
La situación irregular de algunos solicitantes de asilo puede impedirles acceder a derechos sociales, como la atención médica o la educación, lo que puede afectar su bienestar y su integración social.
Beneficios del nuevo reglamento
Reunificación familiar:
El reglamento permite la reunificación familiar antes de la resolución final sobre la solicitud de asilo.
Posibilidad de trabajar legalmente:
Los solicitantes de asilo que obtienen el permiso de residencia temporal pueden trabajar legalmente en España.
Trato preferente para menores:
El reglamento establece que los menores solicitantes de asilo recibirán un trato preferente en el proceso de regularización.
En resumen, el nuevo reglamento de extranjería puede tener efectos positivos y negativos para los solicitantes de asilo. Si bien se ha introducido un proceso de regularización a través del arraigo, también ha generado situaciones de irregularidad y dificultades para algunos solicitantes.
La periodista Gabriela Sánchez del Diario.es citaba ejemplos fehacientes sobre cómo el Nuevo Reglamento de Extranjería perjudica notablemente a los solicitantes de asilo, además de exponer a cientos de inmigrantes a perder sus papeles y por consiguiente los puestos de trabajo
La vida de Yajaira en España ya estaba encaminada. No fue fácil alquilar una casa, encontrar un empleo estable y dejar de trabajar de manera irregular en el servicio doméstico. Ya veía lejos los días de ansiedad e incertidumbre después del asesinato de su marido en Honduras, la razón por la que asegura haber huido de su país junto a su familia, amenazada por negarse a ceder a la extorsión de las pandillas en su negocio familiar, según su relato.
La indignación contra parte del nuevo reglamento de extranjería llega al Supremo: ocho ONG recurren la norma
Pero tras la aprobación del nuevo reglamento de extranjería, que complica la regularización de los solicitantes de protección internacional, Yajaira se ha visto empujada a renunciar a su proceso de asilo, por lo que ha perdido sus papeles y ha sido despedida de su empleo en una cafetería de Barcelona tras dos años de contrato. Si no lo hacía, se arriesgaba a ser penalizada y no tener otra opción que sobrevivir sin documentación durante al menos dos años.
Como ella, decenas de solicitantes de asilo han caído en la irregularidad como consecuencia de los nuevos requisitos impuestos por la futura normativa en caso de que su petición de protección sea rechazada. El Gobierno anunció que este reglamento permitiría regularizar a más de 300.000 personas, pero la norma ha empezado a tener el efecto contrario para decenas de solicitantes de asilo.
Desde la aprobación del texto, abogados de extranjería, ONG y expertos en migraciones comenzaron a advertirlo: la regulación, tal y como estaba redactada, iba a empujar a miles de demandantes de protección internacional a la clandestinidad. Su preocupación les llevó a presentar dos recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo. Cuatro meses después, han empezado a llegar parte de las consecuencias de las que alertaban.
Aunque no hay cifras oficiales, los casos de afectados por el nuevo reglamento se acumulan en los despachos de abogados y en las oficinas de las ONG que atienden a solicitantes de asilo, incluso antes del 20 de mayo, fecha en la que entra en vigor la normativa.
La razón se encuentra en la penalización que sufrirán los demandantes de protección a partir de entonces si reciben una respuesta negativa a su petición, pues todo el tiempo que hayan vivido y trabajado en España mientras se estudia su caso no servirá para nada, no computará para demostrar su arraigo en el país, y tendrán que sobrevivir sin papeles durante al menos dos años hasta poder solicitar un permiso de residencia.
Conscientes de las futuras trabas, el Ministerio de Inclusión incluyó en la norma una vía extraordinaria que permitiese a los afectados solicitar algún tipo de arraigo durante un tiempo limitado. Sin embargo, algunos de sus requisitos -haber recibido ya una denegación firme y estar seis meses en España de manera irregular justo antes de solicitar la nueva autorización-, excluyen a miles de demandantes de protección que aún esperan una respuesta a su petición ante los constantes retrasos del Ministerio de Interior.
A su vez, en la práctica, el texto empuja a retirar el recurso a muchas personas que habían recurrido la denegación de su petición, lo que en la práctica les deja en situación irregular y provoca la pérdida de sus trabajos para cumplir con el requisito de estar sin papeles durante los seis meses anteriores.
Los abogados expertos en inmigración y ONG que defienden los derechos de los migrantes ansiaban la aprobación de la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que, como prometía el Gobierno, iba a flexibilizar la burocracia y facilitar la regularización de extranjeros.
Pero no todo era como ellos esperaban y, una vez conocida la letra pequeña del texto tras su publicación en el BOE, han llegado las críticas. Quienes más saben de la realidad de las personas migrantes en España, de su día a día en el terreno, han celebrado algunos avances incluidos en la normativa, aunque se han llevado las manos a la cabeza especialmente con una medida que a priori parecía beneficiosa para un colectivo numeroso: los solicitantes de asilo. Pero “tenía trampa”, dicen varios letrados contactados por elDiario.es.
