BSF
Fuerte pulso el que mantienen Madrid y Baleares por la acogida de los Menores No Acompañados.
La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclama una reunión urgente para abordar la grave situación migratoria que atraviesan las islas.
En la misiva, Estarellas advierte de que Baleares afronta una emergencia humanitaria inédita a causa del fuerte incremento de llegadas en pateras desde Argelia. Solo en lo que llevamos de 2025, han llegado más de 4.797 personas, de las cuales 1.500 lo han hecho en agosto, lo que supone un aumento del 77 % respecto al año anterior. Formentera, por su proximidad al puerto argelino, soporta la mayor presión: casi la mitad de las llegadas se concentran en esta isla, que ha visto desbordados sus servicios básicos.
La consellera ha recordado también el drama humano que vive el Mediterráneo, convertido en un “cementerio”: más de 40 migrantes han muerto en aguas baleares en lo que va de año y 15 personas más siguen desaparecidas tras naufragios.
Uno de los principales retos es la acogida de menores no acompañados. Los consejos insulares tutelan ya a 682 menores migrantes — más de 300 llegados solo en 2025—, lo que supone una sobreocupación de más del 1.000 % de la capacidad prevista. El Govern denuncia que, pese a esta situación, el Real Decreto 743/2025 fija la capacidad ordinaria de Baleares en 406 plazas y que el Gobierno de España aún pretende que Baleares asuma la tutela de medio centenar más de menores no acompañados procedentes de otras comunidades.
Estarellas subraya que la crisis migratoria se ve agravada por el déficit estructural de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en el archipiélago, estimado en unos 500 agentes en cada cuerpo. Aunque el Govern ha impulsado incentivos fiscales, complementos salariales y cesiones de vivienda protegida para atraer personal, insiste en que “sin el apoyo decidido del Ministerio del Interior, no podremos afrontar esta situación”.
Por ello, el Ejecutivo balear solicita:
Más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en todas las islas.
Refuerzo específico en Formentera, con un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), presencia permanente de Salvamento Marítimo y más recursos de acogida.
Coordinación real y canales de comunicación directos con el Ministerio del Interior.
Solicitud a la Unión Europea del despliegue de Frontex en aguas baleares.
La consellera concluye pidiendo a Marlaska una reunión formal “para establecer soluciones efectivas, humanas y estructurales”, así como reforzar la lealtad institucional en un reto que afecta a todas las administraciones
En los días previos a esta misiva, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández también había enviado una carta a la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitándole que parará el traslado de menores migrantes no acompañados llegados a las Islas Canarias. En la nota, Fernández le recordaba que los servicios de atención a la infancia de los consells insulares atienden a 682 menores migrantes no acompañados, cuatro veces más que en el año 2022, y que este incremento y la consiguiente sobreocupación, de un 1.000 % en estos servicios, repercute directamente en la calidad de la atención que reciben los menores.
“Esta situación ha tensionado al límite nuestro sistema”, dice Fernández en la carta, “obligándonos a multiplicar recursos humanos, económicos y residenciales”.
En la misiva, la consellera le recordaba que, según el propio Ministerio, en marzo las Baleares acogían a 226 menores más de los que nos correspondían. A lo que se suma que la llegada de estos niños y adolescentes es permanente, y en el marcio de una ruta consolidada que ha llevado en lo que va de año a un total de más de 4.700 migrantes irregulares a las costas de las Islas Baleares a bordo de embarcaciones, el doble que en los mismos meses de 2024.
Vale recordar que desde el Govern balear del PP se autorizado a sus servicios jurídicos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto aprobado el pasado mes de julio que regula el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En principio, el archipiélago deberá acoger a 49 niños y adolescentes huidos de la guerra o la persecución de sus países sin la compañía de un adulto.
Desde Madrid responden que se tiene que “cumplir la legislación” y advierten de enviar a las Fuerzas de Seguridad
A estos requerimientos de los altos cargos del Govern balear, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “lamentables” las críticas de la presidenta de Baleares, Marga Prohens y su equipo del Govern, al decreto aprobado por el Consejo de Ministros y ha reprochado que “ni siquiera haya enviado el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se requirió desde el Ministerio de Infancia”.
En declaraciones a TVE el ministro ha advertido, además, al Govern balear de que “es una comunidad que podría llegar a contingencia migratoria al multiplicar por tres su capacidad ordinaria y tener que acogerse al real decreto que su partido no votó, pero que es justo y es de solidaridad obligatoria”.
Torres ha expresado su confianza en que ninguna comunidad impida el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, pero ha avisado de que, en caso de que suceda, “lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación”.
Ha reiterado su confianza en el cumplimiento del decreto aprobado por el Consejo de Ministro. “No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley”, ha hecho hincapié en relación a aquellas comunidades gobernadas por el PP que han expresado su voluntad de recurrir el decreto.
Y ante estos posibles recursos, se ha mostrado también seguro de que “no tendrán ningún recorrido”. “Han ido al Tribunal Constitucional, algunas han ido al Supremo, adelantan o avanzan que van a ir, están en su derecho, pero creo que hemos hecho una modificación legislativa absolutamente justa”, ha indicado Torres, quien ha expresado su deseo de que “algunos reflexionen al respecto” .
