La aportación de la población inmigrante se ha convertido en un factor decisivo para el dinamismo económico de España, país que en los últimos tres años ha liderado el crecimiento dentro de la Unión Europea. Analistas y representantes empresariales coinciden en que mantener ese ritmo será inviable sin la participación activa de trabajadores extranjeros.
Durante la presentación del informe La España de los 50 millones, el presidente de Foment del Treball y de SBEES, Josep Sánchez Llibre, subrayó que la economía nacional depende de la inmigración para seguir avanzando. La mano de obra foránea resulta clave no solo para mejorar la productividad y la competitividad empresarial, sino también para generar empleo, reducir desigualdades y reforzar la cohesión social.
El impacto no se limita al empleo asalariado. El emprendimiento impulsado por ciudadanos extranjeros ha alcanzado cifras récord. De acuerdo con datos del Ministerio de Inclusión, S. Social y Migraciones, el número de autónomos de origen extranjero cerró 2025 en 496.888 personas, tras crecer un 6,3% en un solo año, muy por encima de la media general del colectivo. Solo en 2025, 28.867 trabajadores inmigrantes se dieron de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un incremento calificado como histórico por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Estas nuevas incorporaciones representaron el 77% del total de altas registradas en el sistema, compensando el estancamiento del emprendimiento nacional.
Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, las cifras desmontan el discurso crítico con la inmigración. Según afirmó, sin la contribución de los autónomos extranjeros el RETA estaría en retroceso y la situación financiera de la Seguridad Social sería mucho más frágil. “No se trata de una aportación secundaria, sino de uno de los pilares de nuestra economía”, sostuvo.
El crecimiento del colectivo también ha tenido un efecto directo en la financiación del sistema público. Las estimaciones de UPTA apuntan a que cada nueva alta en el RETA genera más de 3.500 euros anuales en cotizaciones, lo que supuso una inyección superior a los 100 millones de euros para la Seguridad Social durante el pasado año. Concentran su actividad principalmente en sectores estratégicos como el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios, contribuyendo tanto al desarrollo económico como al equilibrio territorial.
En cuanto a su procedencia, el mayor incremento corresponde a ciudadanos de fuera de la Unión Europea, con 18.269 nuevas altas, frente a las 10.598 de origen comunitario.
Hacienda pone foco en teletrabajadores extranjeros
Sansión del trabajo a distancia o los llamados teletrabajadores, ha obligado a las autoridades fiscales internacionales a redefinir criterios para ofrecer mayor certidumbre legal a empresas y administraciones tributarias. El objetivo es evitar conflictos derivados de empleados que desempeñan sus funciones desde países distintos al de su empleador. En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha establecido una pauta clave: el domicilio de un trabajador remoto no se considera automáticamente un centro de actividad empresarial si el empleado pasa en él menos de la mitad de su jornada laboral anual. Con este criterio, la organización busca impedir que situaciones puntuales de teletrabajo den lugar a la creación de pequeños establecimientos permanentes con consecuencias fiscales no deseadas.
No obstante, el escenario cambia cuando el trabajo a distancia supera el 50% del tiempo en un período de doce meses.En esos casos, puede surgir el riesgo de que la vivienda del empleado sea interpretada como un establecimiento permanente de la empresa en ese país. Ante esta posibilidad, las autoridades fiscales deben analizar diversos factores antes de tomar una decisión. Aunque las directrices de la OCDE no son de obligado cumplimiento, en España la Dirección General de Tributos (DGT) las ha venido utilizando como referencia en resoluciones emitidas desde 2022 para evaluar este tipo de situaciones.
Entre los indicios que podrían apuntar a la existencia de un establecimiento permanente se encuentran aquellos supuestos en los que la empresa requiere que el empleado esté físicamente en ese territorio para desarrollar su actividad, o si desde su domicilio mantiene relaciones directas con clientes, proveedores o socios en nombre de la compañía. La OCDE también aclara qué situaciones no constituyen una razón empresarial suficiente.
