El Gobierno ultima una nueva orden ministerial que permitirá a organizaciones sociales y sindicatos asumir un papel clave en la gestión de determinados procedimientos de extranjería como la regularización extraordinaria. Asesoría social La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca facilitar el acceso a trámites administrativos a personas extranjeras que carecen de certificado digital o medios electrónicos propios.
Regularización extraordinaria
La norma desarrollará una previsión incluida en la última reforma del reglamento de extranjería, en vigor desde mayo del año pasado, y contempla la creación del denominado Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. A través de este sistema, las entidades acreditadas podrán presentar solicitudes de forma telemática en nombre de las personas migrantes, entre ellas, la futura regularización extraordinaria que prepara el Ejecutivo. Según fuentes ministeriales, el proyecto normativo fue sometido a consulta pública en septiembre, periodo en el que se recogieron alrededor de una treintena de aportaciones, y se encuentra actualmente en fase de audiencia pública, que concluye este 10 de febrero. El borrador establece que podrán inscribirse en el registro los sindicatos más representativos, tanto a nivel estatal como autonómico, así como entidades sin ánimo de lucro con al menos tres años de trayectoria vinculadas al ámbito migratorio o de la protección internacional. Para ello, deberán cumplir requisitos como estar al día en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, no haber sido sancionadas por infracciones relacionadas con su actividad y demostrar experiencia contrastada en el acompañamiento a personas extranjeras. Además, las organizaciones inscritas deberán asumir compromisos específicos, entre ellos, prestar esta labor de representación sin coste alguno para las personas beneficiarias. Aunque las ONG pueden intervenir, el procedimiento exige trámites adicionales o la participación de profesionales colegiados, un recurso del que no todas disponen. En este contexto, el nuevo registro se plantea como una vía alternativa para agilizar procesos como la regularización extraordinaria, que aún no ha sido aprobada pero que, según las previsiones del Gobierno, podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en un plazo reducido.
