El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un ultimátum al Gobierno central ante la crítica situación que viven los solicitantes de asilo en la capital, especialmente en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
La vicealcaldesa y portavoz del Consistorio, Inma Sanz anunció que si antes del 20 de junio no se reciben respuestas concretas del Ejecutivo, el equipo municipal tomará acciones legales.
Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Sanz ha señalado que el Ayuntamiento ya formalizó un requerimiento previo al Gobierno, sin haber obtenido hasta el momento ninguna contestación. “Seguiremos adelante con los pasos necesarios, porque la situación es insostenible”, afirmó.
La responsable municipal explicó que las instalaciones habilitadas por el Consistorio, como el centro provisional de Las Caracolas, están operando al límite de su capacidad para atender a los recién llegados.
Sin embargo, subrayó que estas medidas son de carácter temporal y dentro de las competencias locales.
“La responsabilidad de garantizar una atención adecuada y prolongada recae exclusivamente en el Gobierno de España”, recalcó.
Según los datos municipales, el tiempo de permanencia de los solicitantes de asilo en los recursos locales, que debería rondar las dos semanas, se ha disparado hasta una media de 131 días.
Esta falta de rotación impide que nuevas personas puedan acceder a los servicios de acogida, generando un bloqueo que, según San
Cae una red que “vendía” identidades a migrantes por hasta 500 euros
Agentes de la Policía Nacional desarticularon una red criminal con base en Palencia dedicada presuntamente a facilitar de manera fraudulenta trámites de extranjería a migrantes en situación irregular.
Según la investigación, la organización habría logrado tramitar más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), al menos 371 de las cuales derivaron en altas fraudulentas en la Seguridad Social.
La trama, integrada mayoritariamente por personas de origen latinoamericano, ofrecía estos servicios ilegales a través de canales de comunicación cerrados, cobrando entre 300 y 500 euros por cita.
Estas gestiones permitían a los beneficiarios aparecer como empleados en pequeñas y medianas empresas del país, aunque no cumplían con los requisitos legales para trabajar en España.
Ramificación nacional y beneficios millonarios
La investigación, que se inició en agosto de 2024 tras detectar un incremento anómalo de solicitudes de NIE por parte de personas latinoamericanas, destapó una red con alcance en al menos 19 provincias.
Las autoridades constataron que muchas de estas personas seguían instrucciones precisas para no levantar sospechas, solicitando documentos como certificados de empadronamiento o justificantes bancarios.
Las altas laborales obtenidas de forma fraudulenta permitieron a los beneficiarios acceder a derechos reservados a trabajadores legales, mientras los miembros de la organización obtenían ganancias considerables.
Se estima que el grupo generaba más de 300.000 euros anuales gracias a estas actividades ilícitas.
Nueve detenidos y material incautado
La operación policial culminó con la detención de nueve personas en distintas provincias: cuatro en Palencia, dos en Asturias y una en Murcia, Sevilla y Baleares, respectivamente.
Durante los registros, se incautaron más de 10.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios dispositivos electrónicos y documentos que acreditan la contabilidad paralela de la organización.
Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal, con posibles penas de prisión que podrían alcanzar hasta los ocho años.
