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jueves, noviembre 6, 2025
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    Baleares. Alrededor de doscientas mil personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social

    El Informe sobre el Estado de la Pobreza, que elabora cada año EAPN y que se ha presentado en la Sala de Plenos del Consell de Mallorca, pone de relieve que pese a la tendencia positiva registrada en los últimos años, casi 200.000 personas de las Islas Baleares se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. El indicador sintético AROPE, que mide a nivel europeo estas situaciones, se ha reducido 4 puntos respecto al año anterior, pasando del 20,6% al 16,2% de la población, con mejoras registradas en todos sus componentes.

    Desde EAPN se señala que la pérdida del factor inclusivo del trabajo, el incremento relevante del coste de la vida y la práctica imposibilidad de acceder a una vivienda digna son algunas de las principales causas del empobrecimiento, la exclusión y las desigualdades, que a pesar de la mejora siguen bien presentes en nuestra sociedad, condenando a un porcentaje inaceptable de los mismos.

    En esta línea, el director técnico de EAPN-Illes Balears, Andreu Grimalt, ha destacado que estas cifras son un mínimo, pues la principal fuente del informe es la Encuesta de Condiciones de Vida (hecha en los hogares), que “no recoge información de personas sin hogar o viviendo en asentamientos u otros espacios (caravanas, coches…), de las definitiva, de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”. 

    De ahí que haga necesario complementar el informe con otros estudios para “poder captar toda la realidad de la pobreza” y “diseñar unas políticas públicas eficaces para erradicarla”.

    Por su parte, el presidente de EAPN, Xavier Torrens, ponía el énfasis en la garantía de derechos para todas las personas que viven en las Islas Baleares, independientemente de su situación económica, laboral o administrativa. 

    En primer lugar, ha defendido la garantía de unos ingresos mínimos para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, reclamando que no sólo que no se modifique la actual ley de prestaciones sociales, sino que la RESOGA amplíe su alcance y cuantía y que se mejore su gestión.

    Después ha hablado del acceso a la vivienda, “un derecho vedado a gran parte de la población y el factor fundamental de los procesos de exclusión y empobrecimiento que sufren miles de personas”. Ha defendido el valor social de la vivienda frente a su consideración como bien de mercado y ha demandado políticas “valientes, consensuadas y efectivas” para garantizar su acceso. Y todo esto, ha añadido, sólo se puede desarrollar con una verdadera justicia fiscal que apueste por “una fiscalidad progresiva y verdaderamente redistributiva que garantice el sostenimiento del estado del bienestar”.

    Por último, EAPN ha mostrado su decepción por la ruptura del consenso, por el traspaso de líneas rojas en materia de derechos y por una polarización política que crece día a día. Para evitarlo, “debemos ser capaces de ahuyentar la lucha partidista de las políticas sociales”, trabajando para volver a reeditar los Pactos por la Inclusión Social, rotos hace meses a raíz del acuerdo entre el PP y Vox para la aprobación de los presupuestos.

    EAPN Illes Balears ha terminado la presentación del informe asegurando que el empobrecimiento genera un círculo vicioso que perpetúa las desigualdades y excluye a un porcentaje inaceptable de familias de las oportunidades que nuestra sociedad ofrece: “la estructura económica actual, con sus salarios precarios y la falta de vivienda accesible, sigue manteniendo una brecha social que sigue manteniendo una brecha social generaciones futuras y consolidando la desigualdad como norma”.

    EAPN-Illes Balears, formada por 23 entidades, es una organización democrática, autónoma, participativa y sin ánimo de lucro fundada en 2005 con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social en nuestra comunidad, estableciendo mecanismos de relación y coordinación entre las diferentes entidades miembros que trabajan con personas en riesgo de exclusión social y administraciones, de tal forma que se puedan defender de forma coordinada los intereses generales de los colectivos vulnerables y facilitar la actuación de las entidades que forman parte de la Red.

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