La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo aprobó este lunes el informe sobre la propuesta de reglamento para establecer un sistema común de retorno de migrantes en situación irregular en la Unión Europea. La votación, celebrada en Estrasburgo durante una reunión extraordinaria de la comisión, da luz verde al inicio de negociaciones interinstitucionales con el Consejo de la Unión Europea para acordar la versión final del texto legislativo. La propuesta forma parte del paquete de reformas del sistema europeo de migración y asilo y pretende sustituir la actual Directiva de Retorno de 2008 por un reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros. El objetivo es crear un marco más uniforme y eficaz para gestionar la salida de personas que no tienen derecho a permanecer en el territorio comunitario. Según la Comisión Europea, el sistema actual presenta importantes limitaciones: solo alrededor del 20 % de las personas con orden de salida abandonan efectivamente la Unión Europea, en parte debido a la fragmentación de procedimientos entre los Estados miembros.
Una orden europea de retorno y centros fuera de la UE
Entre las principales novedades del reglamento figura la creación de una “orden europea de retorno”, un documento común que permitiría reconocer y ejecutar en cualquier Estado miembro una decisión de expulsión adoptada por otro país de la UE. Con ello se pretende evitar que los migrantes en situación irregular se desplacen entre distintos países del bloque para reiniciar procedimientos administrativos y retrasar su salida. La propuesta también abre la puerta a establecer centros o “hubs” de retorno fuera del territorio de la Unión Europea, destinados a facilitar la organización de deportaciones hacia los países de origen de los migrantes irregulares. El texto también establece normas comunes para las decisiones de retorno y las prohibiciones de entrada en toda la Unión Europea, refuerza los mecanismos de retorno voluntario y prevé procedimientos más claros para ejecutar expulsiones cuando las personas no abandonen el territorio dentro del plazo establecido. Además, introduce una obligación explícita de cooperación por parte de las personas sometidas a un proceso de retorno, que deberán facilitar información personal y documentos de identidad necesarios para verificar su nacionalidad y organizar el regreso.
“La pieza final” del paquete migratorio
El informe parlamentario ha sido elaborado por el eurodiputado neerlandés Malik Azmani, del grupo liberal Renew Europe, quien calificó la propuesta como un elemento clave para completar la reforma migratoria europea. “Vamos a votar uno de los expedientes más delicados que nos va a tocar abordar en esta legislatura. Se trata de la pieza final que faltaba para completar el paquete sobre migración y asilo”, afirmó Azmani durante el debate previo a la votación. El ponente defendió que el texto busca equilibrar la eficacia del sistema de retornos con el respeto a los derechos fundamentales. “He intentado alcanzar un texto equilibrado que nos permita contar con un procedimiento adecuado y con una política de retorno eficaz, sin socavar los derechos fundamentales”, señaló. Azmani también subrayó la necesidad de avanzar rápidamente en el proceso legislativo. “Es lo que esperan de nosotros los ciudadanos, y tenemos que cumplir. Quien no haya recibido la autorización para permanecer en la Unión Europea tendrá que marcharse”, afirmó. Críticas de parte de la oposición Durante el debate, algunos eurodiputados expresaron fuertes críticas al proyecto. La eurodiputada italiana, Ilaria Salis presentó una opinión en la que advirtió de las consecuencias que, a su juicio, podría tener el nuevo sistema. Salis aseguró que la propuesta representa “el último paso para las deportaciones en masa de ciudadanos de terceros países fuera de la Unión Europea” y alertó de que podría poner en riesgo a personas migrantes. Según la eurodiputada, el texto permitiría detenciones prolongadas de personas que no han cometido delitos y dificultaría el ejercicio del derecho a recurrir las órdenes de expulsión. A su juicio, el reglamento supone “cruzar una línea roja” en la política migratoria europea y podría alejar a la Unión Europea de sus principios en materia de derechos humanos.
Próximo paso: negociaciones con el Consejo
Tras la aprobación en comisión, el Parlamento Europeo podrá iniciar negociaciones con el Consejo de la Unión Europea en el llamado proceso de trílogo, en el que ambas instituciones, junto con la Comisión Europea, tratarán de acordar el texto definitivo del reglamento. Si las negociaciones prosperan, el acuerdo deberá ser aprobado formalmente tanto por el Parlamento como por los Estados miembros antes de entrar en vigor
