Aunque de bien nacidos es ser agradecidos, también es cierto que es imposible dejar pasar cosas que se están haciendo realmente mal en este proceso de regularización masiva de inmigrantes en España, y en este caso, en lo que nos que compete a Illes Balears, el tema podría presentarse más difícil por el asunto de la insularidad, a sabiendas de la falta de personal en el sector administrativo, pocos incentivos para el funcionariado público que, incluso, una gran parte buscar otros destinos fuera de las Islas a donde mejorar sus condi-ciones de vida, caso policiales nacionales por citar un solo ejemplo. Siempre me he mostrado abiertamente a favor de un proceso de regularización, es decir que la gente, según el panorama lo indique, tenga los papeles en regla para poder cotizar a la Seguridad Social, pagar sus impuestos y tenga una vida digna. Es lo mínimo que se puede tener, siempre y cuando nos acojamos a la oportunidad que se nos da en una nueva sociedad de acogida para acceder a unos servicios básicos y a convertirnos en ciudadanos de derecho. Desde hace ya diez años los flujos migratorios en España fueron creciendo a pasos agigantados, y parecería que nadie se hubiese dado cuenta. Se dejaron tomar ventaja y hoy por hoy se contabilizan una cifra de más de un millón de inmigrantes sin tener resuelta su estatutos migratorio. Contrario a lo que piensan los del discurso populista que todos los días desayunan, meriendan, comen y cenan culpando a la inmigración de todos los males de España, no es un secreto que esta llegada masiva no se ha dado desde ayer, o de hace un par de años a la fecha. Esta inmensa cantidad de inmigrantes que no tienen su documentación en regla pudieron haber cruzado una frontera hace más de tres o cinco años, sin embargo, en el momento de cumplir los plazos en aras de la regularización para los arraigos sociales, todo fueron retrasos en las oficinas de extranjería que siguen careciendo de personal, por lo menos la de Palma llego a tener este problema. A esto le sumamos la cantidad de expedientes que fueron denegados a los solicitantes debido a las trabas burocráticas impuestas a los empresarios que pretendían regularizar a estas personas. Muchos de ellos terminaron por echarse para atrás a tenor de estos tediosos e interminables trámites. La intención de que se salga de la economía sumergida y se trabaje como los cánones de la vida estipulan ya es un logro como lo que se está pretendiendo con este Decreto Ley. No obstante, las formas no han sido las mejores ya que de la noche a la mañana se viene una avalancha de trabajo para las administraciones locales con algo que se pudo haber hecho pausadamente por etapas. Cuesta entender que desde la Moncloa no haya habido un aviso o un comunicado a todas las comunidades autónomas para que estuvieran advertidas, por ejemplo, sobre el requisito de sacar un certificado de vulnerabilidad, sin ese papel, hasta el momento del cierre de esta edición no era posible completar los expedientes para llevarlo a trámite, salvo algunos grupos minoritarios que están exentos a tramitarlo. Los ayuntamientos no es que tengan el sartén por el mango, al contrario, les ha caído una responsabilidad de la noche a la mañana con un alud de trabajo y no hay funcionarios suficientes que tengan la capacidad de responder a la exigencia del momento. Desde Madrid hablan de boicot, desde el sentido común y mi opinión, se trata de una evidente falta de coordinación entre las administraciones. Para colmo de males, las otras alternativas que son las entidades sociales colaboradoras a nivel nacional en el registro de extranjería que pueden dar ese certificado, y es que tan solo figura una en Baleares, que es Comisiones Obreras. Ni Caritas, ni Cruz Roja pueden tramitar este requisito hasta la fecha En este fuego cruzado político de acusaciones y reproches el único que verdaderamente sale perdiendo es el ciudadano de a pie. Mírese por donde se mire.
Editorial 481: “Evidente falta de coordinación entre las administraciones en este proceso de regularización”
