Por Juan Pablo Blanco Abadía
El pasado sábado 29 de agosto, en la Sala de Eventos Cridar, la comunidad colombiana de Mallorca volvió a demostrar que la solidaridad no entiende de fronteras. Voluntarios, empresarios, comerciantes, artistas, asociaciones y ciudadanos de a pie se unieron para rendir homenaje y brindar apoyo a los damnificados por el terremoto que golpeó a Colombia.
Pero entre quienes acudieron hubo una ausencia que no pasó desapercibida: la del Consulado de Colombia en Palma y, particularmente, la de su cónsul, Francia Rodríguez.
No lo decimos desde el reproche, la hemos tratado personalmente y no tenemos ninguna queja acerca sus buenas formas y educación para entablar cualquier tipo de conversación, eso debe quedar bien claro.
Sin embargo, entre las cosas personales y corporativas debe de existir una distancia, máxime cuando estamos hablando de un acontecimiento luctuoso que debe unir a toda la comunidad afincada en las Islas.
Más aún cuando, en el evento grande de “Colombia de Pie”, organizado por ASOCOEX y BSF con la implicación de un centenar de empresarios y decenas de voluntarios. En ese mismo escenario sí hubo representación de las instituciones locales. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, estuvieron presentes, compartieron con los voluntarios, con los artistas, con los comerciantes y con todas aquellas personas que estaban poniendo su tiempo, esfuerzo y recursos al servicio de una causa solidaria.
Las autoridades de Mallorca estuvieron ahí para acompañar a los colombianos.
Entonces, ¿por qué no estuvo su propia representación diplomática y consular?, por lo menos como personas naturales y no en misión oficial.
Sería ideal conocer cuáles son los criterios que determinan la participación de un consulado en actividades comunitarias, sociales y solidarias, en este caso estamos hablando de un terremoto que devastó a casi medio país con todos los efectos colaterales que se han lamentado.
A mi criterio, un cónsul o una cónsul sea del país que sea, no debería ser únicamente la persona que aparece en un escritorio para tramitar un pasaporte, una inscripción o un documento. Para muchos ciudadanos que viven lejos de su país, el consulado constituye también el vínculo institucional más cercano con el país de origen.
Por eso, cuando una comunidad atraviesa un momento de dolor, cuando sus compatriotas organizan una jornada solidaria, cuando se movilizan para ayudar a sus hermanos afectados por una tragedia, la presencia de su representante institucional puede tener un enorme valor simbólico.
El contraste con otras etapas del consulado
Esta situación llama todavía más la atención porque la comunidad colombiana de Baleares ha conocido etapas diferentes. Durante la gestión de cónsules anteriores, como Rafael Arizmendi y Diego Felipe Cadena, ambos de carrera diplomática, hubo una percepción de mayor cercanía con la comunidad. Se promovieron jornadas de salud, asesorías y actividades que iban más allá de la estricta tramitación administrativa.
Hoy existe entre determinados sectores de la comunidad la sensación de que el consulado se ha replegado sobre una función esencialmente burocrática.
Puede que desde la institución se considere que esa percepción no es justa, por eso sería saludable abrir el debate.
La pregunta no es exclusiva de Colombia. También debería servir para reflexionar sobre el papel que desempeñan las diferentes representaciones consulares en Baleares.
Hay consulados que mantienen una relación permanente con sus comunidades, participan en actos culturales, sociales y deportivos y acompañan iniciativas impulsadas por asociaciones y ciudadanos.
El Consulado de Marruecos y Ecuador, por ejemplo, ha mostrado en numerosas ocasiones una presencia activa en diferentes ámbitos de su comunidad.
Cada país tiene sus propias políticas, sus protocolos y sus prioridades diplomáticas. Eso nadie lo discute. Pero las comunidades migrantes también tienen derecho a preguntarse qué esperan de sus representantes.
Pero sí creemos que existe una pregunta que merece una respuesta institucional: ¿Está un cónsul o una cónsul autorizado a acudir, aunque sea a título personal y sin comprometer institucionalmente al Estado, a un acto solidario organizado por sus compatriotas?
Si la respuesta es sí, entonces habría que preguntarse por qué no se produjo esa presencia. Si la respuesta es no, sería conveniente que el Ministerio de Relaciones Exteriores explicara las razones y los límites de esa restricción.
