Por Juan Pablo Blanco A
Este año han llegado a Baleares en patera el triple de inmigrantes del 2019. Así lo han confirmado a este periódico fuentes gubernamentales. Hasta el cierre de esta edición, en cifras se habían contabilizado 1417, mientras que el año anterior se cerró con el arribo de 507. A fecha de hoy las estadísticas marcan un total de 109 barcas que lograron tocar la costa balear.
El informe se desprende de la estadística oficial de 2020 suministrada a Baleares Sin Fronteras: En Mallorca se registran 75 barcas (1005 migrantes); Ibiza, 18 barcas (210 migrantes) y a Formentera han llegado 16 barcas (202 migrantes). A Menorca no han llegado migrantes en pateras en lo que corrido de este año.
El perfil de las personas que llegan en pateras corresponde en su inmensa mayoría a hombres jóvenes de entre 20 a 40 años. La mayoría provenientes de Argelia. Inicialmente, la tendencia apunta a Baleares como escala para posteriormente viajar a la península en donde buscan la ruta idónea para irse a Francia, Italia o Bélgica. Muchos de ellos tienen familiares en esos destinos.
Generalmente los llegados a las costas de Baleares gozan de buena salud y huyen de la pobreza y conflictos sociales de sus países. Respecto a los protocolos que se aplican para evitar la propagación del Covid-19 se sitúa en el siguiente escenario. Normalmente estas barcas son interceptadas por la Guardia Civil de Mar y Salvamento Marítimo y trasladadas a los puertos en donde se suman los efectivos de la Policía Local de cada municipio.
En los puntos donde más se han intervenido lanchas han sido en Ses Salines, Sant Jordi y Cabrera. Una vez los inmigrantes en tierra son asistidos por la Cruz Roja que se encarga de prestar el protocolo habitual humanitario proporcionando un kit de artículos básicos como mantas, ropa, alimentos y agua.
El siguiente paso es ponerlos a disposición de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para incoarles a las 72 horas un expediente de devolución por infracción a la Ley de Extranjería. Este procedimiento administrativo siempre estará vigente.
Prueba del PCR
A los migrantes que llegan en estas circunstancias se les práctica un PCR. Por obvias razones el procedimiento a seguir con un turista es diferente al de un migrante llegado en patera. Los turistas pueden aportar datos para ser localizados ante eventuales contagios, mientras que una persona que llega sin documentación no se le puede hacer el rastreo sanitario.
En el caso de que uno de estos inmigrantes arroje positivo en Covid-19 se le somete a una cuarentena de diez días en albergues u hoteles medicalizados junto con el resto grupo de viajeros, de acuerdo al protocolo establecido por las autoridades sanitarias. Este mismo criterio, según fuentes oficiales, se sigue con los trabajadores esenciales, concretamente en este punto, advierten que con nadie se hace diferencias de ningún de tipo.
Una vez cumplida la cuarentena, estos inmigrantes son enviados a la península. Allí se plantean dos opciones: la primera de ellas es llevarlos a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en tanto se realiza la tramitación del expediente de expulsión. La permanencia en estos sitios es de máximo 60 días sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.
No obstante, cabe reseñar que por la pandemia los CIE no han permanecido abiertos y las devoluciones no se han hecho efectivas, incluso, también por el cierre de fronteras de los países de origen no se vislumbra una solución inmediata.
En el otro caso, estos migrantes quedan en manos de ONG incorporadas en el programa de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria (DGIAH) de España, que es el órgano directivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encargado de asuntos de inmigración relativos a protección internacional, integración de los inmigrantes y menores no acompañados, ayuda humanitaria a inmigrantes, retorno voluntario de inmigrantes, centros de migraciones y fondos europeos.
Bulos y mentiras
En una reciente entrevista concedida a este periódico, la Delegada de Gobierno de Baleares, Aina Calvo se refería a los migrantes llegados en patera. “La inmigración debe ser segura, ordenada y legal”, decía para agregar que infortunadamente quienes se van de sus países de origen lo hacen por encontrar una vida digna. “Nosotros hemos nacido en un país de oportunidades y no tenemos licencia para prohibir a otros ciudadanos emprender otros horizontes de progreso”.
Para Calvo, “existe un trabajo coordinado entre las administraciones públicas y el tercer sector, en el caso de la Cruz Roja para que las personas que llegan de manera irregular a las costas de Baleares tengan la asistencia sanitaria y reciban la atención básica”, para añadir que estas personas no constituyen ningún riesgo para la salud, y tampoco son beneficiarios de los 400 euros de ayudas que se publican en las redes sociales para generar confusión, preocupación y miedo en la población, calificando de mentira la teoría de que se le deja de ayudar a un español para favorecer a los llegados en pateras.
En esa línea, tachó esas informaciones de bulos como consecuencia de un discurso “asqueroso” de la extrema derecha. La delegada subrayó que una vez que a estos inmigrantes se les ofrece los servicios básicos luego se les envía a la península. De ahí, los que no son internados en los CIE, se acogen a los programas en red de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria.
