Por Álex Pomar
Federico Marotta, presidente de la ‘Asociación República Oriental del Uruguay en Mallorca’, en declaraciones a Baleares Sin Fronteras evidenció una difícil realidad que la pandemia destapó. De los más de ocho mil uruguayos afincados en Baleares, un nutrido número no ha podido regularizar su situación administrativa.
Una gran parte de estas personas se están planeando regresar al “paisito” una vez que se abran las fronteras. “Esa es la cruel realidad, máxime ahora que el trabajo escasea y no hay para pagar alquileres”, es más, desde la asociación tienen casos de uruguayos que reciben amenazas con ser desahuciados una vez termine el Estado de Alarma, e incluso, no falta quienes los amedrentan con ir a la policía para denunciar su irregularidad en territorio español.
No todo ha sido negativo, la solidaridad ha emergido gracias a un grupo de voluntarios de su país: “Con la pandemia también ha llegado la falta de alimentos para muchos de nuestros compatriotas, y ahí ha surgido ‘Manos Solidarias’, un colectivo de personas que se ha dedicado a repartir comida entre aquellas familias que lo estaban y lo siguen pasando mal” en ese proyecto también han colaborado personas de esta asociación uruguaya, afirma Federico.
Regularización
Marotta comentó que la entidad que preside se adherido a más de mil asociaciones de diferentes partes de España para firmar la petición CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que eleva una solicitud para que se garanticen los derechos de todas las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en el territorio español
Dentro de ese grupo, se incluyen a los inmigrantes en situación administrativa irregular y los solicitantes de asilo en espera prolongada de la resolución de su solicitud.
Para Marotta, comunicador de profesión, “ignorar esta petición evita que muchos trabajadores inmigrantes que centran su labor en el campo y como empleados del hogar no puedan incorporarse al mundo laboral. Nosotros queremos una regularización temporal”.
Incluso para regularizar los papeles en España, en el caso de Mallorca, muchos uruguayos al igual que gente de otras nacionalidades se encuentran con situaciones desconocidas. “La gente no está muy informada, concretamente, se trabaja mucho por internet y especialmente las personas mayores no se enteran muy bien de cómo funciona”, haciendo referencia a los procedimientos telemáticos empleados por las oficinas de extranjería.
“No es como lo pintan para el inmigrante”
Federico Marotta también hizo mención al ‘Ingreso Mínimo Vital’, prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Para el representante uruguayo, “al inmigrante no se le tiene en cuenta, es lo contrario a lo que muchos predican. El IMV pide un año como residente para poder solicitarlo, algo que no puede cumplir alguien recién regularizado y que por alguna eventualidad se quede sin trabajo a los tres o seis meses”
Marotta ahondó en el ejemplo del Ayuntamiento del municipio mallorquín de Calvià, que “te quita la ayuda al alquiler si tienes un inmigrante sin papeles empadronado en tu domicilio”.
Existen paradojas como aquella que al inmigrante no se le quiere, contrastando con situaciones puntuales como las solicitadas por el Gobierno de España. “Pidieron 250 esquiladores de ovejas a Uruguay para trabajar en el campo. En este país no hay muchos. Llegó un avión fletado trayendo a estos trabajadores que retornarán una vez hayan finalizado su trabajo”, afirma el líder sudamericano.
En esa línea agrega que “los inmigrantes somos útiles cuando se nos necesita para alguna cosa, pero luego ya no. Eso no debería ser así en un país multicultural como lo es España”.
En cuanto a ideas futuras a la post pandemia, subraya que están trabajando en algunas ideas para potenciar el trabajo social en favor del colectivo uruguayo.
