Por Juan Pablo Blanco A
No es nada nuevo afirmar que la pandemia del coronavirus ha paralizado algunos trámites burocráticos de la Administración Pública en España. En el caso de la extranjería, los usuarios, abogados especializados en el área, los gestores administrativos y graduados sociales, entre otros profesionales se quejan de la falta de inmediatez y califican de “misión imposible” conseguir citas para huellas que permitan la renovación de los permisos de trabajo y residencia.
Esta situación no se puede achacar única y exclusivamente a la pandemia, han manifestado en reiteradas oportunidades abogados especializados en extranjería a este periódico, para agregar que es una coyuntura que se arrastra del año pasado y se ha agravado con la emergencia sanitaria.
Hace tres semanas, el Ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá estuvo en Palma. Aprovechando su comparecencia ante los medios de comunicación, BSF le preguntó sobre los problemas que se afrontan desde extranjería y el área de Policía Nacional encargada de asignar las citas para la captación de documentación y la falta de cita de huellas en el sistema.
El alto cargo gubernamental admitió que las oficinas de la Administración Pública están colapsadas y se espera ir poco a poco recuperando la normalidad en la atención. Además, reconoció que no “hay suficientes recursos tecnológicos” para añadir que las oficinas de extranjería en todo el territorio nacional están “infradotadas”, en esa línea se comprometió a hacer una revisión general de la situación.
Pero lo que es peor, es que el tiempo apremia y a centenares de usuarios que pasan días enteros para conseguir una cita en el sistema, ya les expiró el permiso de trabajo, no obstante, se amparan en la normativa del Gobierno que por el estado de alarma prorrogó hasta el 21 de diciembre los documentos vencidos. Pero ¿qué ocurrirá después de esa fecha en el caso de que el atasco de citas no se solucione?.
Profesionales del derecho de extranjería coinciden en que podría sobrevenir una irregularidad masiva en el caso de que no se pongan los correctivos de rigor a tiempo.
Baleares Sin Fronteras entrevistó a la inspectora, Esther Ribas.
Baleares Sin Fronteras: ¿Está colapsada la Oficina Periférica del Estado para la cita previa de toma de huellas?
Esther Ribas: La oficina trabaja con normalidad a través del sistema de Cita Previa. Es cierto que hay una gran demanda pero poco a poco se va canalizando la misma esperando que pronto se pueda lograr la satisfacción de todos los usuarios. En eso trabajamos.
BSF: Recientemente usted concedió una entrevista a UH en la que dice que se atiende un promedio de entre 200 a 300 personas al día. Sin embargo, abogados de extranjería y el colegio de gestores administrativos de Baleares siguen calificando la situación de extrema gravedad, debido a la imposibilidad de obtener citas.
¿Está de acuerdo con estas afirmaciones?
E.R: No hay menos personal trabajando en la Oficina, al contrario, hemos tenido diferentes incorporaciones en lo que va de año y está prevista la incorporación de más funcionarios. Tenga en cuenta que Baleares registra un gran número de extranjeros residentes, superior al de otras comunidades.
BSF: Se achacan los problemas burocráticos de cita para toma de huellas al estado de alarma, pero por testimonios recabados con los profesionales que se mueven en este ámbito del derecho y con los propios lectores de nuestro periódico, este atasco de citas de remonta a hace un par de años. ¿Qué opinión tiene al respecto?
E.R: En esta oficina siempre ha habido una alta demanda de solicitud de trámites. Los esfuerzos realizados por parte de Jefatura, con la incorporación de personal y medios, y el buen hacer de los trabajadores, dieron como resultado que se fuera reduciendo de forma progresiva la espera por parte de los ciudadanos. Es innegable que el COVID ha provocado que se vuelva a dar un aumento en la lista de espera, tanto por el tiempo que no se ha podido trabajar como por las medidas de prevención actuales. Continuaremos trabajando y haremos todos los esfuerzos posibles para eliminar este taponamiento.
BSF: Los propios afectados denuncian que tardan días y hasta meses tratando de buscar una cita en el sistema y que esto se convierte en un viacrucis. ¿Están exagerando?
E.R: Entiendo que cualquier usuario que deba realizar un trámite con nosotros quiera obtener una cita previa cuanto antes mejor. Esperamos que pronto se pueda llegar a satisfacer a todos los ciudadanos en ese aspecto. En este sentido está prevista la incorporación de más personal para conseguir desatascar la espera para cita.
BSF: ¿Cómo se explica que el sistema envíe a Menorca a una persona que reside en Mallorca?
E.R: El sistema ofrece la sede con citas previas disponibles. Si Menorca y Mallorca tienen citas disponibles aparecen las dos sedes en el despegable de la web. En ese momento el usuario tiene la opción de elegir. En el caso de que sólo queden citas disponibles en Mahón, en el desplegable sólo aparece la posibilidad de seleccionar Menorca. Pero no es que el sistema envíe a Menorca a los ciudadanos residentes en Mallorca. Simplemente aparecen las opciones disponibles dentro de la provincia.
BSF: Algunos establecimientos y gente que hace “su agosto” venden citas, que en la práctica resulta completamente ilegal. Sabemos que desde la Policía tienen conocimiento de esto. ¿Qué opinión le merece esta situación?
E.R.: Animamos a los ciudadanos a que denuncien estas supuestas prácticas irregulares para tomar las medidas oportunas. En su momento se adaptaron las citas previas a través de internet para obtener una sola por dirección IP y evitar los abusos. Seguimos trabajando para detectar y evitar estas irregularidades.
Nosotros nos encargamos de la expedición de los documentos de los ciudadanos extranjeros según establecen los servicios centrales en Madrid. Y, por otro lado, si tenemos conocimiento de anomalías en el proceso, lo comunicamos lo antes posible a la Jefatura Superior de las Islas Baleares, la cual está pendiente de cualquier posible irregularidad que se lleve a cabo.
BSF: Si bien el Gobierno prorrogó automáticamente hasta el 21 de diciembre los documentos caducados, existen administraciones que exigen el documento en vigor, tal es el caso de personas a las que les ha llegado una carta de la Seguridad Social exigiendo el documento físico vigentepara poder, por ejemplo, seguir cobrando su pensión normalmente. ¿Conocen ustedes esta situación?
E.R: Todas las administraciones deben tener en cuenta la Orden publicada en el BOE donde se prorroga parte de la documentación de extranjeros. Los ciudadanos afectados por ese proceder deberían contactar con la administración que no está al tanto de la prórroga para evitar que se menoscaben sus derechos.
BSF: ¿Existe algún plan a corto plazo para cambiar esta situación?
E.R: Las medidas que se adoptan van en consonancia con las necesidades del servicio. Somos uno de los territorios del país en el que más ciudadanos extranjeros residen en comparación con los nacionales, y cuanta más demanda de trámites hay más se refuerza la oficina con nuevas incorporaciones de funcionarios. También se han aumentado las horas extras en relación con el mismo periodo del año anterior. Pero es que además, se espera la llegada de más personal; una vez realizada esta última incorporación, en un limitado periodo de tiempo se intentará normalizar el funcionamiento de la Oficina gracias a la liberación de más citas previas y la posibilidad de realizar más trámites al día. La oficina se establece como objetivo la previsión de un periodo de tiempo en el que de manera dimensionada se intentará canalizar la situación de la mejor manera posible.
