En la reunión, la vicepresidenta primera ha abordado múltiples asuntos que implican al sector financiero y ha abordado con sus principales representantes la situación macroeconómica y las perspectivas actuales en el contexto alta de incertidumbre marcado por la guerra de Rusia contra Ucrania, la inflación o el riesgo de cortes de suministro de gas y petróleo ruso.
Pese al complicado contexto internacional, todos los organismos prevén un crecimiento fuerte de la economía española igual o superior al 4% para este año, y del 2% para el que viene, lo que supone un ritmo de crecimiento más elevado entre las grandes economías europeas y por encima de la media de la zona euro y de la Unión Europea.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha informado de las decisiones de política monetaria adoptadas ayer por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de aumento de tipos de interés y de creación de un nuevo instrumento para garantizar la transmisión de la política monetaria evitando con ello la fragmentación de los mercados de deuda.
España está manteniendo una elevada confianza de los inversores. De hecho, el Tesoro Público ha superado ya el 68% de ejecución del programa de emisión a medio y largo plazo previsto para 2022. El coste medio de la deuda se sitúa en el 1,61% y la vida media de la cartera sigue por encima de los 8 años.
Nuevo gravamen excepcional y temporal al sector financiero
En el encuentro también se han abordado las medidas de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania para mitigar sus efectos, apoyar a las familias y empresas más afectadas por el alza de precios y garantizar los suministros, asegurando un reparto justo del coste de la guerra.
Entre ellas figuran la creación de una beca complementaria de 100 euros mensuales, de septiembre a diciembre, para cerca de un millón de estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca, y la gratuidad de todos los abonos de varios viajes durante el último cuatrimestre del año para los trenes de servicio público de Cercanías, Rodalies y media distancia operados por Renfe, que se suma a la rebaja del 30% para los abonos del resto de transporte urbano y metropolitano.
Las medidas adoptadas hasta el momento suponen un coste fiscal de unos 30.000 millones de euros. En este sentido, se prevé una contribución especial temporal a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, así como a las entidades bancarias.
La vicepresidenta primera ha trasladado al sector el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros al año con el nuevo gravamen, cuyos detalles se concretarán en una proposición de ley que se prevé presentar antes de finales de julio.
La determinación del Ejecutivo es articular este nuevo tributo de forma que no deteriore la solvencia y competitividad del sector ni perjudique a la concesión de crédito o el bienestar de los clientes
El Gobierno considera que es el momento de arrimar el hombro para contener la inflación y garantizar un reparto justo de la guerra, lo que requiere la implicación de todos los agentes económicos.
Inclusión financiera en el ámbito rural
En el encuentro también se han abordado los trabajos desarrollados por el sector para reforzar la inclusión financiera, con una atención especial al medio rural, tras los avances logrados para la inclusión financiera de los mayores y las personas con discapacidad.
Para ello, hoy se ha acordado poner en marcha un plan de inclusión en el ámbito rural antes de finales de septiembre para proporcionar las soluciones más adecuadas que permitan asegurar la cobertura de los servicios financieros en el 100% del territorio, poniendo en el foco a los municipios de menos de 500 habitantes y en riesgo de exclusión.
