Vicente Marí: “El Gobierno Central debe tomar cartas en el asunto, pero vemos que hay dejadez y nada se hace para solucionarlo”
Baleares Sin Fronteras: Lo hemos visto preocupado por la situación de la llegada en pateras de menores no acompañados. ¿Cómo describe la situación?
Vicente Mari: Ibiza es uno de los puntos de llegada de inmigrantes que vienen desde las costas de Argelia, y se ha convertido en una ruta planificada. Cuando hay buen tiempo llegan embarcaciones de Argelia o de países del África Subsahariana. Esto supone para Ibiza un verdadero problema, especialmente cuando arriban menores no acompañados.
El Consell tiene las competencias y nos tenemos que hacer cargo en las dependencias de servicios sociales, que no están preparados para atender a tanta gente, esta situación nos genera saturación. No tenemos suficiente personal en la Isla y estamos sobrepasados, y en ese sentido tenemos una problemática muy compleja difícil de solucionar.
BSF: Eivissa es uno de los destinos más afectados. ¿Qué opina de las políticas del Gobierno Central para paliar esta coyuntura?
V.M: Estamos muy solos porque la inmigración es una competencia del Gobierno Central que está ausente en esta problemática, no nos da ningún tipo de apoyo. No hacen nada para trasladar a estas personas a otras zonas donde disponen de más espacios. Ellos desde Madrid tendrían que hacerse cargo de esa situación.
Es importante una política de acuerdos con los países emisores, en este caso, España y Argelia para evitar la llegada de menores no acompañados. Detrás de estas personas hay mafias que se lucran con estos dramas humanos, es un tráfico de personas, definitivamente el gobierno de España debe tomar cartas en el asunto, pero vemos que hay dejadez y nada se hace para solucionarlo.
BSF: ¿A qué porcentaje nos podemos referir cuando hablamos de crisis de personal?
V.M: En estos momentos se atienden a unos 180 menores del circuito normal en el que la justicia ha decretado la tutela de ellos por parte de la administración. Pero, si a esto le sumamos el servicio que prestamos a los menores no acompañados, estamos hablando de que nos encontramos en un 50% desbordados de nuestra capacidad total para ofrecer estos servicios. Está clara la dejación de funciones del Gobierno Central en el que nos estamos viendo completamente perjudicados.
BSF: ¿Cómo trabajan con el Govern balear para sobrellevar la llegada de estos menores?
V.M: La verdad es que la Presidenta, Marga Prohens ha levantado la voz en este aspecto reclamando un cambio de actitud exigiendo la creación de políticas más activas al Gobierno de Madrid. También cabe decir que necesitamos más policías y guardias civiles para dar a estas personas el tratamiento que se merecen. No es un problema de solidaridad, esto tiene que ver con la capacidad para poder atender la llegada de estos menores.
Cabe destacar que la presidenta está colaborando a través de la Conselleria de Asuntos Sociales y Familia, especialmente los que llegan a Formentera, que al no tener ningún tipo de instalación tienen que ser atendidos en Palma. Mi percepción es que se está haciendo todos los esfuerzos de parte de la administración insular y autonómica, pero nada desde la administración central.
BSF: Otra de sus batallas ha sido la proliferación de caravanas en la Isla. ¿Qué se está haciendo para erradicar esta problemática?
V.M: En octubre del año pasado se aprobó la ley de regulación – limitación de llegada de vehículos a Ibiza, que fue una iniciativa legislativa del Consell Insular de Eivissa y aprobada en el Parlamento Balear, somos pioneros en esta medida porque nos permite poner freno a la llegada indiscriminada de vehículos a la Isla.
El principal problema lo tenemos con las caravanas que desembarcan en la Isla sin ningún tipo de control aparcando, pernoctando y estacionando en primera línea de costas, en bosques y en zonas de alto valor ecológico poniendo en riesgo esos entornos protegidos.
BSF: ¿Cuáles caravanas están autorizados a circular?
V.M: Solo podrán venir aquellas que disponen de reserva de un camping autorizado con lo cual esperamos que está invasión de caravanas acabe. Tampoco queremos que Ibiza sea una Isla masificada por vehículos, en ese orden de ideas, cabe destacar que se han puesto unos cupos para la flota de vehículos de alquiler para que los residentes y turistas disfruten de la Isla como debe ser.
BSF: ¿Y qué sanciones se contemplan para quienes incumplan la ley?
V.M: La Ley contiene un régimen sancionador para todos aquellos que lleguen a Ibiza sin haber solicitado plaza será multado. Las sanciones pueden llegar hasta 30 mil euros, hay un régimen sancionador importante para quienes cometan abusos y no vengan con la autorización respectiva.
BSF: ¿De qué cupo hablamos?
V.M: Ya hemos fijado un cupo de vehículos de alquiler que asciende a los 16 mil y particulares que llega a los cuatro mil. Esto quiere decir que veinte mil vehículos podrán llegar a la Isla durante los meses de junio a septiembre. Este cupo evitará que haya sobresaturación de nuestras vías, aparcamientos y todas las zonas de interés común,
BSF: Otro de los talones de Aquiles, especialmente por esta época. ¿Qué podemos decir de la escasez de vivienda para la gente que viene trabajar en esta temporada veraniega?
V.M: La vivienda sigue siendo el principal reto al que nos enfrentamos, en Ibiza hay oportunidades de trabajo pero no hay viviendas. Tenemos que conseguir el equilibrio incentivando las construcciones de VPO, y dando seguridad jurídica a los propietarios, en este caso, desde el Govern se están desarrollando políticas para incentivar a los propietarios para que alquilen sus viviendas que tienen cerradas con una garantía que cobrarán las rentas y también que les serán devueltos sus inmuebles en buenas condiciones.
BSF. ¿Qué puede comentar del intrusismo?
V.M: Estamos luchando contra el intrusismo para que la vivienda residencial no se comercialice turísticamente, gracias a la presión que se está haciendo a través de los planes del choque del Govern balear se está haciendo frente a este problema. Es un trabajo que está dando sus frutos y lo estamos viendo en los resultados.
El intrusismo cada vez tendrá menos espacio, nuestro compromiso es erradicarlo empleando todas las acciones coercitivas necesarias para enviar un mensaje claro de que en Eivissa no todo vale. El que se arriesgue a comercializar turísticamente una vivienda residencial sabe que tendrá que pagar una multa mínima de 40 mil euros impuesta por el Consell de Eivissa sumada a la sanción urbanística de los ayuntamientos que equivale al valor en el mercado de la propia vivienda.
