Cuando el sentido común, que es el más común de los sentidos se imponga sobre los discursos paternalistas y victimistas, las cosas cambiarán de cauce y posiblemente pasaremos a la fase de ser parte de la solución y no del problema.
La tendencia con tintes de rechazo es a todo lo que venga de afuera irregularmente, me refiero a los sin papeles, en casi toda Europa con la mega influencia de lo que actualmente ocurre en Estados Unidos y la obsesiva cacería del gobierno Trump a inmigrantes sin documentos que son considerados de extrema peligrosidad.
Ahora es normal en las redes sociales y en los periódicos leer pastorales de lamentaciones de políticos progresistas que arremeten contra las políticas anti-inmigratorias y se erigen en ser férreos defensores de los derechos fundamentales de los colectivos vulnerables.
Sin embargo, llama más la atención que cuando esos que hoy defenestran a sus opositores políticos con videos en el Instagram o Facebook, por citar dos redes sociales, son los mismos que tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas y no lo hicieron.
Da cierta bronca escuchar, según qué comentarios, al mejor estilo del Robin Hood de los desfavorecidos, o en la mejor versión de la fallecida Madre Teresa de Calcuta, en los que se defiende a capa y espada a la inmigración y se tacha de racista y xenófobo los discursos trumpistas, y digo bronca, porque no son propiamente los mensajes bonitos de las redes sociales los que solucionan o intentan frenar esta coyuntura pandémica de tratar de delincuentes a todos aquellos que no tengan en regla una situación administrativa.
Y es que esos mismos que critican las políticas antiinmigrantes son los que han tenido la oportunidad en el reciente pasado de hacer algo por estas personas y no lo han intentado. Por ejemplo, aunque los ayuntamientos no tengan competencia en extranjería- le corresponde al Gobierno de Madrid- es un deber de las áreas municipales tener oficinas especializadas en asesoría jurídica, mediación, interculturalidad y otras dependencias que faciliten la integración para abrir paso al siguiente paso que es la búsqueda de la regularización, algo que durante dos legislaturas brilló por su ausencia en el Ayuntamiento de Palma, por citar un ejemplo.
Las políticas de las comunidades autonómicas no deben estar ausentes de la inmigración, y viceversa. El Estado está en la obligación de ofrecer a sus ciudadanos garantías y seguridad jurídica en el momento de prestar un servicio público, algo que se da con serias deficiencias en las oficinas de extranjería, tal y como venimos denunciando en anteriores ediciones.
Los discursos racistas y xenófobos siempre han estado a la orden del día, desde luego mi expreso rechazo a este tipo de actitudes. No obstante, este tipo de manifestaciones repudiables también se combaten facilitando a la gente la regularización no solo a través de legislar leyes que favorezcan la regularización, sino también dotando a las administraciones el recurso humano para facilitar el camino a la regularización.
Por eso, es llamativo que quienes lanzan dardos contra los que alimentan el discurso del odio, sean los mismos que miran para otro lugar cuando hay que ponerse manos a la obra, empujando en Madrid a la gente de su gobierno a aplicar correctivos en las administraciones públicas de Baleares.
Las palabras se las lleva el viento, por lo que teniendo la sartén por el mango en La Moncloa, se hace mucho ruido y pocas nueces, la gente quiere trabajar, simplemente decir que cierro con un párrafo de un artículo de la abogada Aida Roura, columnista de este periódico que deja entrever retrasos de extranjería en expedientes por resolver.
“El Ejecutivo no solo debería centrarse en los cambios legislativos que desea introducir en materia de Extranjería, sino también en dotar al sistema de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que tales cambios puedan producir efectos reales en los plazos previstos”, los hechos deben ir en concordancia con las palabras para que no se siga llorando sobre la leche derramada.
