El Govern de les Illes Balears rechaza frontalmente la regularización masiva e indiscriminada anunciada por el Gobierno de España mediante real decreto y advierte de que esta decisión, adoptada sin planificación ni coordinación con las comunidades autónomas, agravará aún más la presión migratoria y el colapso de los servicios públicos en el archipiélago. Baleares vive la peor crisis migratoria de su historia, con más de 20.000 llegadas de inmigrantes en situación irregular en los últimos cinco años. Se trata de una cifra sin precedentes para un territorio insular, con recursos limitados y unos servicios ya saturados. En este contexto, el Govern considera que impulsar una regularización masiva envía un mensaje equivocado y genera un claro efecto llamada. Además, la propuesta estatal plantea rebajar los requisitos hasta el punto de permitir que, en ausencia de certificados de antecedentes penales del país de origen, sea suficiente una declaración responsable del solicitante. El Govern considera que esta fórmula elimina garantías básicas, debilita la seguridad jurídica y demuestra la falta de rigor con la que se ha planteado la medida. Paralelamente, las unidades de Extranjería ya se encuentran colapsadas, lo que impide tramitar con agilidad los expedientes de personas que quieren regularizar su situación por las vías legales, con contrato de trabajo y voluntad de integración. Esta situación genera una profunda injusticia: quien cumple las normas espera, mientras que quien ha entrado de manera irregular se ve beneficiado por decisiones extraordinarias y sin filtros claros. El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha señalado que «mientras en Baleares gestionamos la emergencia sobre el terreno, el Gobierno de España debería asumir sus competencias y aportar soluciones reales, no políticas improvisadas que solo aumentan la sensación de inseguridad. Somos un territorio limitado y con los servicios saturados, y dar papeles no garantiza la integración, porque la integración no se decreta, se construye con oportunidades reales. Sin ello, una regularización masiva solo generará más precariedad y más tensión social. Con esta medida, parece que llegar a Baleares de forma ilegal tiene premio». Por todo ello, el Govern exige al Estado responsabilidad, planificación y respeto institucional, así como un plan migratorio serio, coordinado con las comunidades autónomas, que refuerce las vías legales, combata a las mafias y tenga en cuenta la capacidad real de los territorios. Baleares no puede seguir asumiendo en solitario las consecuencias de decisiones unilaterales que ignoran sus límites y su realidad.
El Govern rechaza la propuesta de inscribir en los servicios de empleo a personas extranjeras sin permiso de residencia ni de trabajo
El SOIB, dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha dirigido una carta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) En la carta, el SOIB alerta de que la medida no tiene cobertura jurídica suficiente y reclama un marco normativo y recursos adecuados El Govern de les Illes Balears ha remitido una carta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la que expresa su oposición a la propuesta de inscribir en los servicios públicos de empleo a personas extranjeras que aún no disponen de autorización administrativa de residencia ni de trabajo. Esta propuesta se fundamenta en un informe del SEPE de diciembre de 2025 que plantea permitir, de manera excepcional y condicionada, la inscripción como demandantes de servicios previos al empleo de determinados colectivos, entre los que se encuentran las personas extranjeras que han solicitado una autorización de residencia por arraigo socioformativo, pero que se encuentran aún pendientes de resolución por parte de las autoridades de extranjería. Según la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, el informe del SEPE no ofrece cobertura jurídica suficiente para los supuestos que plantea, ya que implica la inscripción en los servicios públicos de empleo de personas que no tienen autorización administrativa de residencia ni de trabajo. Además, el documento no contempla qué consecuencias tendría dicha inscripción en caso de que la resolución de extranjería fuera desfavorable. El ejecutivo balear considera que la regulación de la inscripción de estos colectivos en los servicios públicos de empleo debería realizarse mediante una norma jurídica estatal y no a través de informes o criterios interpretativos. En este sentido, advierte de que se traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de dar respuesta a una problemática derivada de una competencia estatal. El Govern subraya que cualquier decisión en este ámbito debe ir precedida de una valoración previa del impacto territorial y de una dotación económica suficiente, teniendo en cuenta la situación actual de falta de financiación para atender a este colectivo en Baleares. La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha asegurado que «el Govern de les Illes Balears defiende una política migratoria legal y ordenada, que no descargue sobre las comunidades autónomas el peso de la inmigración irregular, también en el ámbito de las políticas de empleo». En este sentido, ha explicado que «hay que evitar sobrecargar a los servicios de empleo y entorpecer el despliegue de la estrategia propia de inserción laboral del Plan de Empleo de las Illes Balears, que está orientada principalmente a las personas desempleadas residentes en Baleares». También ha remarcado que «el Govern mantiene la voluntad de seguir trabajando conjuntamente para impulsar un desarrollo normativo que dé respuesta a esta problemática, siempre que disponga de una asignación adecuada de recursos y garantice la seguridad jurídica del sistema». En definitiva, reclama «una política migratoria adaptada a nuestra realidad territorial, que evite el efecto llamada», así como «la corresponsabilidad del Estado ante el actual problema de presión migratoria».
No a la regularización masiva
En relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno central por real decreto, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social asegura que «esta manera de abordar la inmigración es absolutamente irresponsable». «En lugar de reforzar la gestión de Extranjería para agilizar sus procesos, se da por asumida su falta de gestión y se abren los servicios públicos de las comunidades autónomas sin orden, sin control y sin ofrecer recursos», ha afirmado la consellera Cabrer, quien ha advertido de que esta medida puede generar un nuevo efecto llamada hacia ter
