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lunes, octubre 3, 2022
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    Las personas con discapacidad tendrán la colaboración necesaria para la obtención de la nacionalidad

    Las personas con discapacidad dispondrán de los apoyos necesarios para acceder a la nacionalidad española gracias a una recomendación del Defensor del Pueblo que inició una actuación de oficio tras constatar que el contenido de las entrevistas realizadas a estas personas no estaba adaptado a sus necesidades.

    El Ministerio de Justicia aceptó la recomendación asegurando que tendría en cuenta las necesidades de estas personas en una futura regulación del procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia.

    El 25 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad que añade una disposición adicional que establece que “las personas con discapacidad accederán en condiciones de igualdad a la nacionalidad española”. Y señala que “será nula cualquier norma que provoque la discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la nacionalidad por residencia por razón de su discapacidad”.

    Defensa a los inmigrantes

    Las personas extranjeras, con independencia de su situación documental en España o de su edad, pueden dirigirse al Defensor del Pueblo si consideran que alguna administración española ha vulnerado sus derechos o si han sufrido demoras en la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia

    El Defensor del Pueblo visita sin previo aviso centros de internamiento de extranjeros. Las personas que allí se encuentran pueden hacer entrevistas personales si lo desean. También supervisa la actuación de los consulados españoles en el exterior

    Mediación

    La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, para trasladarle el problema de un grupo pensionistas venezolanos residentes en España que se han dirigido a la institución.

    Según aseguran los jubilados, el Gobierno venezolano les adeuda diez meses de pensión y han pedido al Defensor del Pueblo que medie para resolver su problema.
    En su carta, Soledad Becerril hace hincapié en la situación de especial vulnerabilidad de estas personas, muchos de ellos enfermos o con discapacidad, que subsisten gracias a su pensión, ya que no pueden ingresar en el mercado laboral por estar ya jubilados.

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