Según el Sindicat de Llogaters, a finales de abril las consecuencias económicas del COVID-19 dejan un paro del 14,4%, y 3,7 millones de ERTES. Millones de hogares han visto disminuidos sus ingresos y en muchos casos no han percibido ninguna prestación durante el mes de abril.

En un comunicado enviado a los medios, la plataforma denuncia que el sector más perjudicado que no aparece en estadísticas, que paga IVA, alquileres abusivos y no puede acogerse al RD 11/2020 es el de los trabajadores inmigrantes sin papeles. Tampoco pueden justificar por escrito que tienen que salir a trabajar y para sobrevivir se arriesgan a sufrir redadas racistas y expulsiones.

Por eso, apoyamos la campaña #RegularizacionYa impulsada por sus propios colectivos y más de 900 asociaciones (www.regularizaciónya.com). Muchos de ellos, están confinados en habitaciones, soportando acoso inmobiliario y precios abusivos.

No son los únicos que se quedan atrás en este supuesto “escudo social”. Otra vez, la crisis económica vuelve a azotar a las personas con menos ingresos en puestos no cualificados y con contratos temporales o informales.

Los portavoces de este sindicato advierten el desamparo de todos aquellos hogares compuestos por más de una unidad familiar, adultos sin cargas que compartan piso y subarrendatarios, en general, por no cumplir el restrictivo perfil de hogar vulnerable del RD 11/2020.

Agregan que los centros de acogida que expulsaron a las familias desahuciadas y supervivientes de VG, en el mejor de los casos, las derivaron a compartir piso entre sí. Ahora que se quedan sin la ayuda del alquiler por este motivo, ¿cómo piensan los ayuntamientos, el Consell y el Govern afrontar esta situación?”, se preguntan desde la plataforma.

Explican el drama de los arrendatarios o subarrendatarios de habitaciones con contratos verbales o escrito que conviven con el casero o con el titular del contrato de alquiler, se quedan sin ayudas, aunque el titular del contrato pida las ayudas de cada año, para sí mismo y en muchos casos exija el pago de la renta bajo coacción ejerciendo acoso inmobiliario y amenazando de desahucios ilegales sin orden judicial.

A menudo, añaden “el juzgado de guardia no decide tomar medidas cautelares. Sin embargo, las denuncias bien formuladas son admitidas a trámite y sirven para frenar al acoso, desde el momento en que el acosador sabe que el inquilino ha aprendido a defenderse. En muchos casos el acosador ha vivido de gratis, a costa del sub-arrendatario, negándole el empadronamiento tan solo para cobrar ayudas”

Muchos inquilinos con contratos de temporada, en vivienda permanente, o sea, en un fraude de ley impuesto ilegalmente por el propietario, deja sin ayudas al inquilino porque su contrato no estaría regulado por la LAU del 94, salvo que reclame o demande al propietario.

Llogaters advierte además que Autónomos y falsos autónomos se ven abandonados por el gobierno que niega la suspensión de las rentas de los locales. Muchos propietarios se tiran piedras a su propio tejado al negarse a llegar a acuerdos, puesto que se enfrentaran a juicios que podrían perder o a que en caso de que el autónomo decida cerrar, dejando cientos de miles de locales vacíos durante los próximos años de crisis.

Explican además, que en el real decreto del 22 de abril el gobierno reconoce que hay jurisprudencia basada en el código civil para eximir del pago del alquiler o reducir el alquiler por una causa de fuerza mayor como pudiera ser por ejemplo una pandemia. Sin embargo, “el gobierno se limita a aconsejar que sería deseable llegar a acuerdos para evitar la saturación de los juzgados, sin tomar medida alguna como suspensiones, quitas obligatorias o arbitrajes, permitiendo que salvo juicio, la causa de fuerza mayor la pague solo el inquilino”, subraya el informe-.

De la misma manera hacen referencia a los préstamos ICO que “suponen un rescate a las grandes empresas. Algunas estimaciones cuantifican que la media del importe de los mismos son 100.000 euros más intereses. Puesto que muchos autónomos no están pidiendo más de 5.000 o 10.000 euros, el resultado es que pocos autónomos están solicitándolo o percibiéndolo y en cualquier caso la mayor parte del capital va a parar a grandes empresas”.

La catástrofe balear irá a más

El informe del Sindicato Llogaters concluye que la situación de los inquilinos en las Islas Baleares es la peor de todo el estado, debido a la dependencia del turismo y a los elevadísimos precios del alquiler. La inmensa mayoría de los eventuales de la hostelería y del turismo, se quedarán sin trabajo, sin prestación y posiblemente sin ayudas del alquiler, puesto que a menudo no podrán demostrar fácilmente la reducción de sus ingresos por el COVID- 19 respecto al mes anterior, por mucho que sus ingresos anuales se desplomen al no iniciarse la temporada.

Finalmente el comunicado no augura un panorama halagüeño para estos trabajadores: “Una vez consumidas las prestaciones y posibles ahorros de la temporada anterior, los eventuales se están quedando completamente tirados. Por no hablar del caso de algunos temporeros que llegaron a Mallorca en la primera quincena de marzo, sin poder encontrar vivienda, trabajo ni vuelos para volver a su casa y han terminado viviendo en albergues, o incluso, en algún caso en el bosque”
quitas obligatorias o arbitrajes, permitiendo que salvo juicio, la causa de fuerza mayor la pague solo el inquilino.

Los préstamos ICO suponen un rescate a las grandes empresas. Algunas estimaciones cuantifican que la media del importe de los mismos son 100.000 euros más intereses. Puesto que muchos autónomos no están pidiendo más de 5.000 o 10.000 euros, el resultado es que pocos autónomos están solicitándolo o percibiéndolo y en cualquier caso la mayor parte del capital va a parar a grandes empresas.