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    Editorial 415: Parches a las reformas de la Ley de Extranjería

    Definitivamente las reformas a la Ley de Extranjería parecen más una chapuza de este Gobierno. Y es que con todos los letrados con los que he hablado para pedir explicaciones sobre confusiones que me surgen en el día a día, confirmo que en nada se beneficiarán los más de quinientos mil inmigrantes que aspiran a regularizar su estatus administrativo en España.

    No sé en qué estaban pensando los genios que elaboraron un arraigo por formación de dos años. Este nuevo procedimiento es confuso y pone trabas a la hora de acceder a la regularización, además, tarda mucho más que un arraigo social normal de tres años que no exige ningún curso, ni supedita a nadie a buscar un contrato de trabajo ligado a absurdos condicionantes para el solicitante y más requisitos para la empresa contratante.

    Poco o nada se sabe de esta nueva figura del arraigo, que en nada favorecerá la integración del inmigrante irregular al mercado laboral activo, por el contrario, seguirá proliferando la economía sumergida en detrimento de las arcas, incluso del propio Estado que no sumará más cotizantes a la Seguridad Social, ni aumentará el número de contribuyentes al fisco.

    La ilusión con la que se recibió esta reforma a la ley de extranjería se ha ido diluyendo para quienes aspiraban a tener una vida más digna que les permitiera acceder a unos derechos fundamentales que el propio sistema de quienes elaboran o cambian las leyes les niegan.

    No se trata de pedir papeles para todos ni de convertir a España en un destino a donde prolifere la inmigración irregular. Lo que es razonable es que a los cientos de personas que llevan varios años residiendo en este país en situación de exclusión social se les ofrezca una luz al final del túnel, algo que por ahora, visto lo visto se antoja casi imposible.

    Una regularización de inmigrantes que demuestren arraigo en la mayoría de los ámbitos sería una solución eficaz. La propia administración no es ciega, no me refiero solo a los cargos de responsabilidad política, sino a los encargados de velar que la ley de extranjería se cumpla a cabalidad.

    La economía informal está a la orden del día, y mientras exista este tipo de oferta solapada no faltarán quienes se aprovechen de la necesidad y la desgracia ajena, pues he conocido de primera mano casos de jóvenes que son miserablemente explotados en los campos recogiendo aceitunas o uvas con salarios de hasta tres o cuatro euros la hora, trabajando en condiciones infrahumanas, solo por citar un caso de los muchos que nos han llegado a la redacción de este periódico.

    Tampoco se debe ser injusto con aquella gente de empresa que ve en muchos de estos inmigrantes un enorme potencial de trabajo, pero se abstienen de contratarlos al ver la cantidad de trabas y exabruptos burocráticos que pone la administración.

    En resumen está reforma a la Ley de Extranjería, luego de analizarla y escuchar voces autorizadas no es la solución para paliar la irregularidad. Posiblemente dentro de lo positivo se pueda destacar la renovación de los permisos de residencia cada cuatro años, hasta ahora era cada dos años. También el hecho de que las personas con visado de estudiante puedan ampliar sus horas de trabajo; no obstante, insisto en lo fundamental, lo más significativo que era el camino a la regularización de cientos de inmigrantes es hoy más que nunca incierto y nada halagüeño.

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