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viernes, septiembre 30, 2022
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    Hipócrita llamamiento del G-20 a “compartir la responsabilidad” en la crisis de refugio

    Imágenes tomadas de los campos informales para personas refugiadas y migrantes que surgieron fuera de las zonas de tránsito en Hungría, en los pasos fronterizos internacionales entre Hungría y Serbia. En el momento de la visita de Amnistía Internacional, unas 600 personas se alojaban en estos campos, principalmente familias de Afganistán, Iran, Siria e Irak © AI

    Amnistía Internacional
    La Declaración de la Cumbre del G-20 en Hangzhou, en la que se pide un mayor “reparto de las responsabilidades” a la hora de abordar la crisis de refugiados, refleja lo poco que han hecho los países del G-20 en su mayoría para compartir la responsabilidad hasta el momento así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
    En la actualidad, hay 27 países en el mundo con programas periódicos de reasentamiento de personas refugiadas; solo nueve están en el G-20. Entre los miembros del Grupo, solo Canadá ha demostrado una apertura genuina al reasentamiento, aceptando a 25.000 refugiados de Siria desde finales de 2015 y señalando que admitirá a más. La firme postura de Alemania, al aceptar más de un millón de refugiados, no ha sido reproducida por otros Estados europeos del G-20.
    “La Declaración de la Cumbre del G-20 sobre la obligación de compartir la carga suena a palabras huecas cuando tantos países del Grupo no asumen su parte de la responsabilidad global sobre los refugiados, y la cumbre que la ONU tiene previsto celebrar este mes está condenada a no alcanzar un acuerdo. Actualmente, menos de la mitad de los Estados del G-20 admiten con carácter periódico a personas refugiadas para su reasentamiento”, ha afirmado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.
    “Ahora mismo, muchos países del G-20 están bloqueando activamente los planes globales para compartir la responsabilidad sobre las personas refugiadas del mundo. En las conversaciones de la ONU, en lugar de respaldar una solución global propuesta a la crisis de refugiados, la Unión Europea, Rusia y China prefirieron seguir formando parte del problema, anteponiendo sus intereses puramente nacionales y rechazando medidas concretas. Da la impresión de que algunos miembros del G-20 dicen una cosa en público y otra muy diferente a puerta cerrada”.
    Desapariciones forzadas
    Gobiernos de todo el mundo utilizan sistemáticamente las desapariciones forzadas para asegurar su poder y silenciar a la oposición, ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas del Día Internacional de los Desaparecidos, que se celebró el 30 de agosto.
    Este año, la organización destaca algunos casos de cada una de sus regiones globales.
    Oriente Medio y Norte de África: Siria y Egipto

    El gobierno de Siria ha sometido a desaparición forzada a decenas de miles de personas desde que comenzó la crisis en el país en 2011. Khalil Matouq, abogado de derechos humanos, fue detenido por las fuerzas de seguridad en Damasco en octubre de 2012 y continúa en paradero desconocido casi cuatro años más tarde. Del mismo modo, desde octubre del año pasado se desconoce el paradero de Bassel Khartabil, ingeniero de software y activista de la libertad de expresión, detenido en marzo de 2012 y trasladado después a una cárcel de Damasco. 

    En Egipto, el Ministerio del Interior utiliza la desaparición forzada como política para acabar con la disidencia pacífica. Desde principios de 2015, cientos de egipcios, entre los que hay menores de edad, han desaparecido a manos del Estado.

    En México hay más de 27.000 personas cuyo paradero se desconoce, según el informe de Amnistía Internacional “Un trato de indolencia”. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, publicado en 2016. El informe examina, entre otros casos, la desaparición de 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, estado de Chihuahua, entre 2009 y 2014. 

    Pakistán, Europa y Camerún
    Ha pasado más de un año desde que Zeenat Shahzadi, de 24 años, se convirtió en la primera mujer periodista “desaparecida” en Pakistán. No se sabe nada de ella desde el 19 de agosto de 2015. Según su familia, fue detenida por agentes de seguridad poco antes de desaparecer. Su caso está pendiente de resolución en la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas del gobierno, sin que se haya registrado avance alguno.
    Las recientes operaciones de seguridad en el sudeste de Turquía se llevan a cabo fuera del alcance y de las protecciones de la ley. El político kurdo Hurşit Külter, firme defensor del autogobierno para los kurdos de Turquía, desapareció en mayo y no se ha vuelto a saber de él desde entonces. Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad han negado que esté bajo su custodia, aunque Külter se puso con contacto con su padre poco antes de su desaparición y le dijo que la policía estaba en su casa.

    En Camerún, los intentos de las fuerzas de seguridad de acabar con Boko Haram han dado lugar a detenciones arbitrarias, reclusiones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En el extremo septentrional del país, sigue sin conocerse el paradero de al menos 130 personas desde su detención el 27 de diciembre de 2014. Formaban parte de un grupo de más de 200 hombres y niños detenidos ese día por las fuerzas de seguridad en el marco de una operación contra presuntos combatientes de Boko Haram. 

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