“Para renovar nuestros papeles se nos exige licencias municipales, pero para cotizar se nos recibe el dinero en la Seguridad Social con las manos abiertas”.
PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (BSF)-
El pasado 3 de julio, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Baleares (YAPO) realizó una concentración desde la Plaza de España hasta la Delegación del Gobierno, pasando por el Ayuntamiento de Palma.
Esta manifestación tenía como objetivo dar a conocer a la ciudadanía la precaria situación en la que se encuentran los vendedores ambulantes y por otro lado, hacer un llamamiento de sensibilización a las autoridades del Gobierno Central, de la Comunidad Autónoma y de los diferentes ayuntamientos de las Islas.
A pesar de las constantes denuncias, persecuciones y acusaciones, desde la asociación se defiende la inocencia y denuncian la explotación a la que son sometidos los que se dedican a este tipo de economía informal llegados de África.
Para Cheikhmomi Ndiaye, presidente de la asociación “las mafias escondidas son los verdaderos delincuentes contra la propiedad industrial que importan toneladas de mercancías falsificadas, y drogas”, además dice que existen empresas que, aprovechándose de la situación administrativa irregular de los vendedores ambulantes, les hacen trabajar sin contratos de trabajo, en condiciones laborales muy precarias.
El líder africano denuncia la proliferación de mafias que les proporcionan falsos contratos de trabajo a cambio de dinero, y cuestiona la doble moral de la Seguridad Social que acepta sus cotizaciones a pesar de que la actividad laboral que les genera ingresos está considerada como ilegal.
Desde YAPO se denuncia la situación de muchos senegaleses: “hace tres años para regularizar su situación administrativa, salir de la calle y buscar oportunidades de trabajo en otros ámbitos legales, los vendedores ambulantes debían presentar un expediente de solicitud de residencia y trabajo a la oficina de extranjería”, no obstante, añaden que estas solicitudes se entregaron a la oficina de extranjería como si fueran unos “precontratos”, con el agravante que no tenían promesas firmes de que los puestos de mercados les fueran concedidos.
Las denuncias de esta comunidad africana se basan en que los Ayuntamientos de cada Municipio, sólo registraron las solicitudes y desde la oficina de extranjería las aceptaron como si fueran consideradas como atribuciones de puestos de trabajo.
Esta situación ha desembocado en una confusión total. Cheik explica que un año después extranjería exigió de las solicitantes licencias de puestos de mercados para renovar sus permisos de residencia y trabajo, cuando en realidad los ayuntamientos no habían concedido a casi nadie de esos puestos.
Además, agregan desde la asociación que “el Tribunal Superior de Justicia de la Illes Baleares ha considerado que dentro de los requisitos de renovaciones para arraigos de cuenta propia, concretamente para venta ambulante en mercadillos, la normativa exige licencias o autorización previa del Municipio del mercadillo donde se trabaja, lo cual no existe en muchos de los casos”
En el manifiesto leído a las afueras de la Delegación del Gobierno, los senegaleses culpan a la Administración de la irregularidad a la que se ven abocados los vendedores ambulantes. “¿Quién es el responsable de esta situación?. Desde luego, los vendedores ambulantes, no, porque han demostrado su espíritu emprendedor, buscando licencias de mercado en todos los municipios de Mallorca, encontrándose con la negativa de estos ayuntamientos en otorgar puestos, requisito solicitado por Extranjería.
LLAMAMIENTO A LA CONSELLERIA DE ASUNTOS SOCIALES
Las Asociación YAPO ha emplazado al Govern balear, a través de la conselleria que lidera Josefina Santiago: “Necesitamos que colaboren con los Ayuntamientos de Baleares para que se promuevan nuevos mercados para la inserción socio laboral de los vendedores ambulantes, que se les oriente socio laboralmente y se les ayude a regularizar su situación administrativa”.
Los líderes africanos son conscientes de que no es viable que todas las personas interesadas en la profesión de vendedor ambulante puedan desempeñarla, por lo que proponen una posible solución al problema, entre la que apunta a la orientación formativa como acción inmediata.
Esta iniciativa, comentan, será de utilidad para ayudar a disminuir el número de vendedores ambulantes en zonas tales como la Playa de Palma o en el centro de la ciudad, especialmente en los momentos en que pueden convertirse en una fuente de conflicto.
Y es que para Ndiaye, líder del colectivo desde hace más de dos décadas, no es normal que los Ayuntamientos de Mallorca inviertan cada año más para reforzar el equipo de represión policial contra los vendedores ambulantes en vez de promover la inserción laboral de este colectivo en riesgo de exclusión social.
A pesar de no recibir puestos de mercados tal y como se solicitó, los interesados han seguido ejerciendo su tradicional actividad de vendedores ambulantes no regularizada y con sus ganancias cotizaron por su mayoría en la Seguridad Social más de un año.
Finalmente, los senegaleses cuestionan los contradictorios procedimientos de la Administración. ¿Si la actividad venta ambulante, al no tener permisos concedidos, no es una actividad regularizada, ¿por qué a pesar de todo la Seguridad Social aceptó dichas cotizaciones?
Dicho de otra manera, ¿Por qué la Seguridad Social no ha exigido licencias o autorización previa del municipio donde se realiza el mercadillo?
Todos aquellos vendedores ambulantes, sin tener licencias por parte de los ayuntamientos pudieron darse de alta en la Seguridad Social sin ningún problema, y se puede demostrar con los recibos de pago.
Y concluyen con una reflexión: Para renovar nuestros papeles se nos exige licencias municipales, pero para cotizar se nos recibe el dinero en la Seguridad Social con las manos abiertas.
