Representantes de las asociaciones que forman parte de la Plataforma por la Convivencia de Ibiza se reunieron recientemente para analizar el fallo del TSJIB que anula la devolución de la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular y las reacciones que se han producido al respecto. Resumimos a continuación las principales conclusiones:
Como expusieron en su momento, específicamente en septiembre de 2012, afirma Alda Yurramendi, portavoz de la Plataforma, “reiteramos nuestro rechazo al Decreto 16/2012 que, con la excusa de la crisis económica y la necesidad de hacer un ajuste económico, acabó con el principio de sanidad universal y ha provocado un gran sufrimiento a muchas personas”.
En el mismo sentido, prosiguió la líder de origen uruguayo, “criticamos el recurso presentado por el gobierno central contra la decisión del gobierno autonómico de devolver la tarjeta a las personas inmigrantes en situación irregular ya que, amparándose en la cuestión competencial, se olvida de nuevo de la dignidad de las personas.
Desde la organización advierten acerca de la importancia de que el gobierno autonómico haya presentado, tal como ha anunciado, un recurso en contra del fallo del TSJB.
Recuerdan que las tarjetas sanitarias devueltas siguen en vigor y el derecho a la asistencia sanitaria continúa teniendo validez. Así mismo, resaltan que aquellas personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular y no la han solicitado, siguen teniendo el derecho solicitarla.
Para ello, añaden, “deben dirigirse en el centro médico que les corresponda. En esa línea, la Plataforma por la Convivencia ha enviado todas las asociaciones que forman parte una circular recordando estas cuestiones.
En texto redactado, los integrantes de la plataforma dicen que apoyan el pacto por una sanidad pública y universal firmado el pasado 12 de septiembre, en el Congreso, por más de 70 organizaciones sociales, sociedades médicas y sindicales y todos los grupos políticos de la oposición, excepto Ciudadanos.
Reivindican que el objetivo de este pacto es volver al sistema sanitario público que había antes del Real Decreto 16/2012 que, entre otras muchas consecuencias supuso la retirada de más de 870.000 tarjetas sanitarias en España de las cuales unas 20.000 fueron en las Islas Baleares. “Urgimos a los partidos políticos a que deroguen el Real Decreto a ser posible antes del segundo fallo del TSJB en respuesta al recurso del gobierno autonómico”, concluye el comunicado.
La Consellera Gómez pide también la derogación del Decreto
Cabe recordar las declaraciones hace un mes de la Consellera de Salud, Patricia Gómez, en las que evidenciaba que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, no era firme. En esa línea, advertía que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma habían presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Manifestaba que “en esta Comunidad Autónoma seguiremos prestando asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, sea cual sea su situación administrativa y económica”, para agregar que se iba seguir entregando tarjetas sanitarias a las personas que estén en situación irregular con el fin de que se puedan beneficiar del acceso gratuito a los servicios de atención primaria, atención hospitalaria y a la prestación farmacéutica”.
Gómez era enfática en su postura respecto al fallo del TSJIB: “No contemplamos el escenario de que a las personas se les niegue la asistencia sanitaria. Para este Govern la atención sanitaria universal es innegociable y a nadie se le vulnerará este derecho”, afirmaba.
Finalmente la consellera enviaba un mensaje al gobierno de Rajoy acerca de la necesidad de derogar este decreto para que todas las personas tengan derecho a la sanidad pública.
