El Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto destinado a regular el acceso al sistema sanitario público para personas migrantes en situación irregular que viven en España. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece el procedimiento para que este colectivo pueda recibir asistencia médica financiada con fondos públicos. Con esta medida, el Ejecutivo pretende reforzar el carácter universal del sistema sanitario español y asegurar que todas las personas que viven en el país puedan acceder a la atención médica en condiciones de igualdad, sin que su situación administrativa suponga un obstáculo. Un marco común El nuevo reglamento desarrolla la normativa existente sobre cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Según el Gobierno, el objetivo es establecer criterios claros y uniformes que se apliquen en todo el territorio. Hasta ahora, la interpretación de las normas variaba entre comunidades autónomas, lo que generaba diferencias en el acceso a la atención sanitaria para quienes no estaban registrados como residentes legales. Con el decreto aprobado, se pretende evitar estas desigualdades y reforzar la seguridad jurídica en la aplicación del derecho a la salud. Además, desde el Ejecutivo señalan que facilitar el acceso temprano al sistema sanitario permite mejorar la prevención y el control de enfermedades desde la atención primaria. Esto también contribuye a un uso más eficiente de los recursos públicos, evitando que problemas de salud que podrían tratarse de forma preventiva terminen siendo atendidos en servicios de urgencias hospitalarias. Menos trámites para solicitar la asistencia Uno de los cambios más relevantes que introduce la norma es la simplificación del proceso para reconocer el derecho a la atención sanitaria. A partir de ahora, bastará con presentar una declaración responsable en la que el solicitante indique que no dispone de cobertura médica por otra vía, que no puede trasladar ese derecho desde su país de origen y que no existe ninguna entidad obligada a asumir los costes de su asistencia.
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El decreto también contempla medidas para facilitar el acceso a personas con discapacidad, incorporando formatos adaptados y documentos de lectura sencilla que permitan comprender el procedimiento y realizar la solicitud sin dificultades. Demostrar la residencia para migrantes en situación irregular La normativa amplía las formas de acreditar que una persona vive habitualmente en España. Aunque el empadronamiento seguirá siendo el método principal, ya no será el único válido.
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Entre las alternativas que podrán utilizarse figuran certificados de escolarización de menores, informes emitidos por servicios sociales, facturas de suministros básicos como electricidad o agua, o contratos de servicios como internet que estén a nombre del solicitante. Asimismo, el decreto establece que, al presentar la solicitud, la persona recibirá un documento provisional que le permitirá acceder a la asistencia sanitaria de manera inmediata mientras se tramita su expediente. La administración contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud; en caso de no hacerlo dentro de ese tiempo, se entenderá que el derecho ha sido concedido automáticamente.
