Fuerzas de seguridad venezolanas bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana y castigar particularmente a habitantes de zonas populares que decidieron protestar entre los días 21 al 25 de enero de 2019, dijo Amnistía Internacional hoy.
“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015.
Ante esta realidad desoladora, miles de personas han salido a las calles a exigir un cambio de gobierno. Del 21 al 25 de enero, se registraron numerosas manifestaciones, muchas de ellas en zonas populares, donde las protestas demandando este cambio no habían sido tan visibles hasta ese momento. Existe una amplia presencia de grupos armados pro Nicolás Maduro (conocidos comúnmente como “colectivos”) en estos sectores, cuyos habitantes dependen en gran medida de los, actualmente limitados, programas de distribución de alimentos básicos del Estado.
En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas, todas por herida de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, y tan solo el 23 de enero (día en que se convocaron manifestaciones en todo el país), se reportaron 770 detenciones arbitrarias.
En una misión de investigación en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y distintas localidades de Caracas, del 31 de enero al 17 de febrero, Amnistía Internacional recabó más de 50 testimonios, y documentó 15 casos emblemáticos, algunos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Los hallazgos de esta investigación serán ampliados en un informe público próximamente.
Las evidencias recabadas en estas diferentes localidades muestran patrones comunes. Éstas indican que las autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas. Las zonas populares de Caracas y otras localidades del país fueron especialmente afectadas y estigmatizadas, registrando el mayor número de víctimas mortales, que luego fueron presentadas como “delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades.
Las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante las protestas eran delincuentes. Su único crimen fue pedir un cambio y exigir una vida digna.
Ejecuciones
extrajudiciales
Amnistía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES en varias localidades del país, todas con un modus operandi similar. En todos los casos, las víctimas tenían algún vínculo con las protestas en días anteriores y las denuncias de varios de ellos en contra de Nicolás Maduro se habían vuelto virales en redes sociales.
Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las FAES. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.
“Como hemos visto muchas veces en Venezuela, las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante los días de protestas, principalmente jóvenes de zonas de escasos recursos, eran delincuentes. Su único crimen fue atreverse a pedir un cambio y exigir una vida digna”, dijo Erika Guevara Rosas.
Luis Enrique Ramos Suárez tenía 29 años cuando oficiales de las FAES lo ejecutaron el 24 de enero en la ciudad de Carora. Un día antes, se había hecho viral un audio donde se anunciaban protestas contra Nicolás Maduro y la alcaldía de Carora. En este audio, se mencionaba el apodo de Luis Enrique como uno de los organizadores.
El día 24, más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y en su mayoría encapuchados, allanaron ilegalmente la casa de los Ramos Suárez, y sometieron a malos tratos a los diez miembros de la familia que se encontraban ahí, de los cuales seis eran niños. Tras ubicar a Luis Enrique a través de su apodo, lo obligaron a arrodillarse en medio de la sala mientras que un funcionario le tomaba fotos y otros lo golpeaban.
Encerraron a los demás miembros de la familia en diferentes cuartos de la casa, les amenazaron y les golpearon en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, retiraron a su familia a la fuerza y les trasladaron en un convoy de la PNB hasta un lugar a dos kilómetros de la casa. Minutos después, dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho. Murió inmediatamente
Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento. Además de fabricar evidencia, manipularon la escena del crimen, arrastrando el cadáver hasta un vehículo en el que fue finalmente trasladado a la morgue, violando así los protocolos mínimos de investigación penal.
