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martes, diciembre 3, 2024
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    MENA: Combatir mensajes xenófobos y racistas

    Casi a diario nos encontramos en los telediarios, en los periódicos y en medios digitales con noticias sobre los Menores Extranjeros no Acompañados o noticias relacionadas con éstos.

    Por ello, y ante la creciente ola de comentarios y mensajes xenófobos y racistas que últimamente se ven, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a reiterar su preocupación por los ataques sufridos por menores extranjeros no acompañados. Es conocido por todos que estos niñas y niños son víctimas de mensajes xenófobos y racistas, criminalizando al colectivo, llegando incluso a justificar actos violentos contra estos menores.

    Ante esta situación el Defensor del Pueblo ha vuelto hacer un llamamiento a toda la sociedad y en especial a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación para así intentar evitar este tipo de bulos y mensajes intolerantes y xenófobos.

    Ante esta complicada situación que sufren estos menores extranjeros no acompañados se le suma los mensajes y comentarios que se lanzan desde nuestra sociedad a este colectivo tan vulnerable.

    El Defensor del Pueblo ha publicado el siguiente llamamiento:

    «España ante el fenómeno migratorio producido en las últimas décadas ha venido mostrando su mejor cara y un grado muy significativo de tolerancia hacia las personas que nos llegaban por distintas vías.

    No obstante, de un tiempo a esta parte afloran mensajes claramente xenófobos y racistas dirigidos a la ciudadanía con un contenido cargado de odio y en los que se criminaliza al distinto, al diferente, al foráneo e incluso se justifican determinadas formas de violencia contra ellos.

    Últimamente estamos asistiendo a un grado todavía más grave de ataque insidioso contra los menores extranjeros no acompañados, que se encuentran tutelados en distintos centros de acogida.
    Estos incidentes que se vienen produciendo en los últimos días no pueden volver a repetirse y, para ello, ciudadanos y administraciones tenemos que implicarnos en la lucha contra tales actitudes xenófobas, pues son inadmisibles en una sociedad democrática.

    Cuidar y atender a los menores que llegan solos a nuestro país es algo que nos incumbe a todo. Es nuestra obligación legal y moral.

    Es lamentable y falsa imagen que algunos se empeñan en presentar de estos menores describiéndolos como delincuentes.

    La realidad es que están solos, lejos de sus hogares y en muchos casos desasistidos, con los peligros que ello conlleva.

    Tenemos que protegerles a ellos de la manera más eficaz posible, no protegernos de ellos, porque son los más vulnerables de los vulnerables. No podemos olvidar que por encima de todo son niños y niñas y ellos y ellas nunca pueden ser un problema.

    Una Institución como el Defensor del Pueblo, a la que la Constitución encomienda expresamente la defensa de los derechos que en ella se nos reconocen no puede permanecer impasible ante estos graves hechos.
    Por ellos hemos de hacer una llamamiento a la sociedad en su conjunto y muy particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación, para que combatan firmemente los mensajes intolerantes y xenófobos que intentan inculcar entre nosotros.

    Entre todos tenemos que radicar estos comportamiento sin dilaciones, pues la tolerancia y la comprensión hacia los más vulnerables facilitarán una sociedad más inclusiva y por tanto mucho más libre y democrática».

    Como veis la situación en la que ahora mismo se encuentran estos menores extranjeros no acompañados no es nada sencilla, por ello esperamos que el llamamiento del Defensor del Pueblo a la sociedad, instituciones y partidos políticos sirva para ayudar a este colectivo tan vulnerable

    El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado nuevas recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las comunidades autónomas de Madrid y Galicia para proteger el derecho a la salud y garantizar la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a ciertos colectivos vulnerables excluidos de la normativa vigente.

    Fernández Marugán valora positivamente el Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que reforzó la sanidad universal, ampliando la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular.

    Sin embargo, las quejas recibidas en la Institución, y la actuación de oficio iniciada para hacer un seguimiento de la nueva norma, ponen de manifiesto que la reforma urgente de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud reguló de forma incompleta algunos aspectos que pueden afectar a varios colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.
    El Defensor recuerda que el derecho constitucional a la protección de la salud en España impone al Sistema Nacional de Salud el deber de dar cobertura a todas las situaciones en las que haya un riesgo para la vida e integridad física de las personas. Por este motivo, ha formulado nuevas recomendaciones para reforzar el derecho  a la salud de todos los ciudadanos.

    Recomendaciones

    El Defensor ha recordado al Ministerio de Sanidad que el Gobierno debe aprobar, a la mayor brevedad posible, la norma reglamentaria que desarrolle un procedimiento definitivo para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria para ciudadanos españoles y extranjeros.

    También le ha recomendado que, para el caso de mujeres migrantes que puedan ser víctimas de explotación sexual o de trata de seres humanos, especialmente cuando requieran asistencia al embarazo, traslade instrucciones específicas a los centros sanitarios para que se les ofrezca una adecuada y completa información sobre sus derechos.

    Más recientemente, además, la Institución está tramitando algunas quejas que denuncian las dificultades que están encontrando aquellas personas que todavía no han podido formalizar su solicitud de asilo, a la hora de acceder al Sistema Nacional de Salud, una situación generada por la saturación actual de los servicios administrativos que atienden a los solicitantes de protección internacional.

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