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viernes, abril 19, 2024
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    Armengol plantea que el Estado haga frente al reto demográfico de la superpoblación y que las Balears sean prioritarias en el reparto de fondos europeos

    La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha planteado hoy, en el seno de la XXIV Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas, la necesidad de resolver la infrafinanciación actual de las Illes Balears y de hacer frente al reto demográfico que lleva implícito la superpoblación de nuestra comunidad autónoma, que es la que más ha crecido en los últimos años.

    El reto demográfico

    El hecho insular de las Balears y la configuración de su modelo económico, muy enfocado al turismo, implica un reto demográfico «que tiene que ser afrontado», ha indicado Armengol. Por eso, tal como ha destacado, las Islas necesitan que el Estado actúe sobre todo en tres aspectos: con inversiones en servicios básicos como la depuración de aguas o el acceso a la vivienda pública; con un modelo de financiación que garantice que llegan recursos para atender la demanda de servicios públicos, y con una apuesta en inversiones en diversificación, a través de fondos como los Next Generation europeos.

    La presidenta ha ilustrado con datos el aumento de población que han experimentado las Balears en los últimos años: «desde el inicio de siglo, nuestra población ha crecido de media un 39 por ciento, más del doble que la media estatal y se ha casi duplicado en Formentera e Ibiza». Este fenómeno, junto con la dependencia de un modelo económico basado en el turismo, ha dicho la presidenta, «repercute claramente sobre nuestra sociedad, multiplicando la presión sobre los servicios públicos, profundizando la huella humana sobre un medio ambiente frágil, exprimiendo recursos naturales tan escasos como el agua y, por supuesto, disparando la presión sobre la ciudadanía y su calidad de vida».

    XXIV Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas

    Por eso, la jefa del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta esta realidad: «es necesario que la comunidad que más aporta al modelo de financiación sea tratada de manera justa y no relegada a la octava o novena posición a la hora de recibir», ha dicho, reclamando un sistema regido por el criterio de ordinalidad y una dotación adecuada a las necesidades reales de una población que crece.

    Reparto justo de los fondos europeos

    Por otro lado, Armengol ha subrayado la oportunidad que supone para las Balears la llegada de fondos europeos para avanzar en la diversificación de nuestro modelo económico. La presidenta ha defendido que el reparto de fondos entre las comunidades sea coherente con su esencia. Del mismo modo que Europa ha destinado un importe más elevado a aquellos países más afectados por la pandemia, la presidenta ha reclamado que su reparto entre las comunidades autónomas dé prioridad a las más afectadas por la crisis económica y social que ha provocado la pandemia y que, igualmente, «priorice los territorios con más debilidades estratégicas y más frágiles en su contexto ambiental». En todo esto, «las Balears somos prioritarias», ha concluido.

    Así mismo, la presidenta ha recordado que durante la última crisis económica las Balears fueron una de las locomotoras que reactivaron la economía y generaron ocupación para ciudadanos de todo el Estado. Ahora, ha indicado, «es la hora de que el Estado apoye a la comunidad donde más ha caído el PIB durando el año pasado», con un 24%, más del doble que la media estatal, precisamente por la falta de diversificación de su modelo económico.

    Finalmente, ha recordado que es necesario que el Estado aporte fondos a los proyectos en materia de investigación, desarrollo e innovación y que atienda las necesidades de modernización tecnológica de nuestras empresas tradicionales, para lograr una diversificación que es «necesaria». En este sentido, ha recordado la importancia que tiene para las Islas que «el Régimen Especial desarrolle de una vez la parte fiscal comprometida, puesto que tiene que reducir las barreras logísticas y los sobrecostes de la insularidad».

    Certificado COVID

    Durante la reunión de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también se ha tratado sobre la evolución actual de la pandemia en el Estado y los instrumentos de que disponen las comunidades para aplicar medidas para contener los contagios. En este punto, la presidenta ha reclamado que el ejecutivo ponga al servicio de las autonomías el Certificado COVID para que puedan implementar respuestas específicas con las cuales fomentar la vacunación y, a la vez, garantizar la seguridad en las actividades sociales y económicas.

    Armengol ha destacado que para las Balears es «fundamental» poder disponer del pasaporte COVID, para garantizar que los controles de seguridad también son efectivos con los viajeros internacionales. En el caso de las Islas, la implantación de un certificado autonómico para controlar los accesos en algunos espacios interiores, como hacen otras comunidades, no es suficiente, puesto que excluye a los extranjeros y por lo tanto también a los miles de turistas que durante el verano están en las Illes Balears. Por este motivo, la presidenta ha insistido en la necesidad que el pasaporte COVID, que ya existe en Europa, pueda ser utilizado para controlar la entrada a determinadas actividades: «es el momento de dar el paso que están dando otros países y emplear esta herramienta clave para la movilidad europea también para garantizar la reactivación segura y completa de todas las actividades y, también, fomentar la vacunación de la población, sobre todo la más joven», ha concluido.

    Finalmente, la presidenta del Govern ha puesto en valor la cooperación, el diálogo, las soluciones compartidas y la respuesta descentralizada adaptada en cada territorio, puestos en práctica durante la pandemia. En este sentido, ha apostado por continuar por este camino y reforzar los espacios de diálogo multilateral como la Conferencia de presidentes, proponiendo que esta se convierta en un órgano de debate y decisión permanente, regulado y con una periodicidad obligada que «nos reúna más de una vez al año y más allá de las necesidades coyunturales».

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