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    El Consell de Eivissa recauda unos 300.000 euros derivados de sanciones de transportes, casi el doble que en 2019

    El vicepresidente segundo y consejero de Innovación, Transparencia, Participación y Transportes del Consell Insular de Eivissa, Javier Torres, ha presentado hoy, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la institución insular, el balance de 2022 del servicio de Inspección en la que destaca la recaudación de 299.018,23 euros derivados de denuncias en materia de transportes, casi el doble que en 2019. Hasta el 10 de noviembre se han instruido  un total de 353 expedientes sancionadores (4 de 2019, 341 de 2021 y 8 de 2022), el doble que en 2019, y se han calificado 271 denuncias, de las que el 17% se corresponden a vehículos que operaban como taxis ilegales.

    “Durante la Covid-19 el Departamento de Transportes no detuvo la presión contra la competencia desleal en el sector del transporte, sino que la aumentó con la implantación de nuevas formas de actuación y duplicando al personal del servicio de Inspección e instrucción. Además, el frente común creado con los ayuntamientos y las policías locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha provocado que se luche de forma más ágil contra los ilegales. Con este frente común hemos lanzado un claro aviso a los ilegales: la impunidad ha terminado: cuando tenemos herramientas legales, actuamos y eso lo demuestran los 52 vehículos inmovilizados y trasladados al depósito puesto a disposición de la Guardia Civil para ofrecer servicios de transporte ilegales”, ha manifestado Torres.

    Este intenso trabajo del servicio de Inspección de Transportes se ve reflejado en la recaudación económica derivada de los expedientes sancionadores de transportes: 162.136,80 euros en 2019, 163.355,00 euros en 2020, 284.902,30 euros en 2021 y hasta el pasado 1 noviembre 299.018,23, la cifra más elevada de esta legislatura.

    En cuanto a las denuncias, en el año 2019 se calificaron 297; en 2020, 125; el pasado año, 364 y ​​este año, hasta noviembre, 271, de las que 93 las ha interpuesto el servicio de Inspección de Transportes del Consell.

    Este descenso se justifica principalmente por la disminución de infracciones registradas por VTC. En concreto, este año se han interpuesto 26 denuncias a VTC mientras que el año pasado, 251. “Debemos recordar que el Consell Insular de Eivissa fue de las primeras administraciones en inmovilizar a VTC deslocalizados y eso fue un aviso contundente : quien incumple, con la normativa lo paga”, ha explicado Torres, quien también ha añadido que, por primera vez, el Departamento de Transportes ofrece a la Guardia Civil un servicio de grúa y depósito por los taxis ilegales inmovilizados, dando solución a la saturación de los depósitos de vehículos.

    Precisamente para liberar espacio a estas instalaciones municipales, el Consell Insular de Eivissa ha pedido una mayor colaboración al Gobierno de las Islas Baleares en esta lucha y que se integre en el frente común formado en Eivissa contra el transporte legal: “En el pleno de debate de política general de 2021 aprobamos pedir al Gobierno una modificación legislativa para agilizar el procedimiento de desguace de los vehículos inmovilizados que están en los depósitos municipales para operar como taxi ilegal y pese a enviarles la propuesta, después de año y medio no hemos recibido respuesta”, ha lamentado Torres.

    A continuación, el vicepresidente segundo y conseller insular de Transportes ha señalado otras iniciativas puestas en marcha para combatir de forma más efectiva el intrusismo en el sector del transporte como, por ejemplo, la reactivación del Consejo Sectorial de Movilidad (que integra la comisión de transporte ilegal en donde se coordinan las actuaciones conjuntas con las policías locales, Policía Nacional, Guardia Civil y Agrupación de Tráfico) y la remisión de las denuncias ante Fiscalía.

    Por último, Torres ha sostenido que estas medidas son productivas gracias a la implicación y profesionalidad del servicio de inspección de Transportes, que, con 93 denuncias ha multiplicado por 9 la cifra respecto a 2016, cuando se registraron 10 denuncias en esta materia. “El esfuerzo del personal de inspección de transportes ha sido esencial para poder incrementar la presión contra los infractores, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades legales existentes para denunciar a un taxista pirata, la principal: los clientes deben reconocer que han cobrado por el servicio ilegal”, ha concluido Torres, quien antes de la rueda de prensa se ha reunido con representantes del sector para presentar estos datos.

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