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jueves, septiembre 29, 2022
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    El Defensor del Pueblo denuncia irregularidades de Interior al tramitar los asilos

    ACNUR

    Estas solicitudes son directamente inadmitidas, incluso contando ya con el visto bueno del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Y ello a pesar de que la legislación nacional e internacional, más allá de esas estadísticas, obliga al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no solo a generar un expediente en esos casos, sino también a motivar de forma especial la denegación a esas personas a las que la ONU sí que considera merecedoras de algún tipo de amparo.

    Además, la inexistencia de esa documentación oficial, denuncian expertos juristas en Extranjería, provoca una grave indefensión, ya que impide a los solicitantes ejercer su derecho a recurrir cualquier decisión administrativa, al no haberse producido ésta de manera formal ni formalizarse un expediente que impugnar.

    Estas irregularidades en la tramitación de los procedimientos de asilo constan en una resolución del Defensor del Pueblo a la que ha tenido acceso este periódico. En ella, la institución se muestra particularmente preocupada porque dice haber tenido noticia de que Interior está inadmitiendo peticiones de personas «especialmente vulnerables» que cuentan con informes favorables de los técnicos de Naciones Unidas.

    En ese documento, el propio Ángel Gabilondo desvela que ha descubierto esta situación después de que reclamara a Interior información sobre las solicitudes de protección internacional admitidas a trámite en 2020 y 2021, siguiendo el criterio del informe de ACNUR. En su escrito, el Ministerio del Interior le respondió que en esos dos años se tramitaron en frontera un total de 2.059 expedientes y que todos ellos tuvieron «informe favorable» del alto comisionado.

    El desconcierto surgió cuando la Administración admitió en esa respuesta al Defensor que no podía facilitar ningún dato de las peticiones de asilo inadmitidas. «En la respuesta recibida se apunta, con carácter informativo, que la Subdirección General de Protección Internacional/Oficina de Asilo y Refugio (SGPI/OAR) no dispone de datos relativos a solicitudes de protección internacional efectuadas en frontera con informe favorable del ACNUR que resultan inadmitidas a trámite porque, al no ser admitidas a trámite, no generan expedientes que contabilizar», recoge literalmente el informe del Defensor.

    Y es ahí cuando el organismo que dirige Gabilondo muestra su sorpresa mayúscula. «Esta institución no puede compartir dicha consideración, pues toda solicitud de protección internacional genera un número de expediente y da lugar a un procedimiento administrativo, incluso cuando no se admiten a trámite. Por tanto, nada impide que se puedan contabilizar dichos expedientes», afea el Defensor al ministerio.

    Incumplimiento europeo

    Pero los reproches de la institución al equipo de Marlaska van mucho más allá. Recuerda el Defensor que la ley de asilo de 2009, además de «otorgar un lugar destacado a la intervención de ACNUR», obliga a informar «de forma inmediata» al peticionario en las solicitudes en frontera y que se deberá darle audiencia ante de dictar una resolución.

    «Por tanto, resulta coherente una especial motivación en caso de que no se siga el criterio de ACNUR», por lo que a Gabilondo le resulta incomprensible que no se genere ni un expediente en el que consten los motivos de la denegación. Sobre todo cuando la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han reconocido el importante «valor» que ha de concederse a los informes del alto comisionado, aunque estos no sean vinculantes.

    El Defensor también acusa a Interior de incumplir la directiva de 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo que «insta a los Estados miembros a detallar en la resolución las razones de hecho y de derecho por las que se desestima una solicitud respecto del estatuto de refugiado y/o del estatuto de protección subsidiaria».

    La institución que dirige Gabilondo se muestra contrariada por la falta de datos de Interior porque alega que «ha tenido conocimiento de distintos casos especialmente vulnerables en los que no se ha seguido el criterio de ACNUR en procedimientos en frontera y se han inadmitido a trámite las solicitudes».

    «Esta institución tiene interés en supervisar dicho extremo, para lo cual es imprescindible que se lleve a cabo un adecuado registro de los expedientes inadmitidos», se queja el Defensor, que hace una recomendación para que cuanto antes Interior no solo «contabilice» todas las solicitudes de protección internacional presentadas en puestos fronterizos, sino que además se «desagreguen los datos» de las que son inadmitidas a trámite, especificando cuántas tienen informe favorable de ACNUR.

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